ESCUCHARLa Unión de Empleados de la Justicia Nacional rechazó la iniciativa y realizará un paro de actividades. Las asociaciones de jueces se manifestaron en contra del proyecto y serán recibidas este miércoles por la vicepresidenta Cristina Fernández. Expectativa por los votos del radicalismo y Juntos por el Cambio
Mientras este martes Diputados avanzará con la aprobación del Presupuesto 2023 -que incluye el pago, por jueces, fiscales, funcionarios y empleados judiciales, del impuesto a las Ganancias-, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) realizará un paro en rechazo de la reforma propuesta por el oficialismo.
Paralelamente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) le solicitó a Cristina Fernández, como presidente del Senado, una reunión para hablar sobre el proyecto. El encuentro se producirá este mismo miércoles.
«Consideramos que la única manera de terminar esta discusión es desde el diálogo. Estamos dispuestos a hablar e intentar encontrar una solución«, aseguró el presidente de la asociación, Marcelo Gallo Tagle, quien confirmó que, además, pidieron una reunión con autoridades de ambas cámaras del Congreso, con la intención de dialogar para “superar esta cuestión”. Además, insistió en que la medida del Gobierno “es consecuencia de que han recibido algún resultado adverso de la Justicia”.
Paro de actividades
Bajo el lema “el salario no es ganancia”, la UEJN realizará este martes una medida de fuerza, a la que también se sumarán los empleados y magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
“En la historia, los trabajadores nunca pagaron impuesto a la cuarta categoría. Cuando se hizo la ‘reforma Machinea’, en 2000, era para que pagaran Ganancias los que cobraban más de 5.000 dólares, es decir ejecutivos de empresas internacionales”, sostuvo el titular de la UEJN, Julio Piumato, según quien, luego de la reforma de 2016, en la actualidad hay 300 jueces que pagan Ganancias y otros 400 que no lo hacen. Además, hay 200 cargos sin cubrir “por responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Senado. Si se cubrieran esos cargos, más de la mitad de los jueces pagarían sin afectar derechos constituidos”.
En este sentido, la UEJN se declaró en estado de alerta y sostuvo que es “absolutamente inaceptable que en plena crisis económica se trate de cargar las tintas sobre los y las trabajadoras como posible variable de ajuste”.
Las chances de ser aprobado
El artículo integrante del proyecto relativo a que los jueces paguen Ganancias lo presentó el diputado oficialista Marcelo Casaretto durante el debate en comisión que concluyó el jueves en la Cámara Baja.
En su envío del proyecto original, el ministro de Economía, Sergio Massa, había sumado una “separata” que indicaba cómo afectan las cuentas públicas las distintas exenciones impositivas que benefician a algunos sectores. El ministro aseguró que, si se cobra Ganancias a jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, podrían sumarse $237.000 millones a la recaudación.
En el dictamen oficial del Presupuesto se incluyó finalmente el artículo que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que “en el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
La medida, en su esencia, tiene respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica. Vale recordar que, en 2016, el Congreso sancionó una ley, impulsada por el diputado y consejero de la Magistratura, del PRO, Pablo Tonelli, que incluía en el pago de Ganancias a todos los magistrados que asumieron a partir del 1 de enero de 2017 -aunque sólo pagan por una parte de sus remuneraciones-.
Sin embargo, pese al aval inicial durante el debate en comisión, en Juntos por el Cambio comenzaron a poner reparos con el correr de las horas y finalmente podría complicarse la aprobación del artículo en el recinto.
Rechazo y pocos apoyos
La magistratura expresó un rechazo amplio a la iniciativa del Gobierno. La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) rechazó la incorporación del artículo y recordó que en el debate de la ley 27346 «se entendió que modificar la situación de los que ya prestaban servicios resultaba una medida que afectaría gravemente la intangibilidad de las remuneraciones»; y que esta nueva modificación legislativa es «confiscatoria de los haberes y constituye un avance sobre la independencia judicial».
«La reiteración de intentos de reformas legislativas no hace sino introducir incertidumbre e inseguridad jurídica sobre los operadores judiciales», dijo la FAM en un comunicado, y agregó: «No hace más que poner en riesgo el equilibrio de poderes indispensable para el normal funcionamiento del sistema republicano y democrático de gobierno, menoscabando la intagibilidad de las remuneraciones».
En el mismo sentido, la AMFJN calificó el dictamen del oficialismo como “un intento de avasallar la independencia judicial”.
Los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República también repudiaron el proyecto. “Este nuevo intento de cercenar la independencia del Poder Judicial de la Nación llevará a consecuencias no sopesadas, que resentirán en mayor medida la prestación del esencial servicio que le compete”.
Del sector de los jueces, la agrupación Justicia Legítima fue la única que se pronunció a favor de pagar el impuesto a las Ganancias. Esa asociación civil pidió a jueces, magistrados y fiscales que «dejen de lado toda mezquindad” para que de ese modo puedan “honrar” sus lugares de trabajo “para transformarlos en auténtico sostén del sistema democrático, republicano, representativo y federal”.
“Nuestra posición ha sido siempre a favor de la igualdad impositiva, del rechazo a todo privilegio”, manifestó Justicia Legítima.
