Reclaman el pago de 10% a cuenta de futuros aumentos, correspondiente a 2018. Denuncian un “doble estándar” salarial entre magistrados y empleados y reiteran la necesidad de reducir la brecha entre ambos estamentos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una acordada que establece un aumento salarial remunerativo y bonificable para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación de 5%, a partir del 1 de enero de 2018.
La noticia fue gratamente recibida por los empleados del Poder Judicial de Córdoba, quienes esperan que en los próximos días el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haga lo propio y vuelque dicha suba a los bolsillos de los judiciales de la provincia.
Hay que decir que dicho aumento corresponde a la pautal salarial 2017, con lo cual, una vez imputado, los empleados judiciales de Córdoba habrán recibido un aumento de 26%.
Sobre la pauta salarial de este año aún no hay pedidos de la Corte de incremento. Por este motivo, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) viene reclamando al Alto Cuerpo que se les otorgue una suba de 10 % a cuenta de futuros aumentos y que se abra una mesa de discusión salarial para analizar diferentes ítemes que conforman el salario de los judiciales.
El debate no será sencillo y tampoco, nuevo. En el último tiempo, el TSJ se limitó a otorgar a sus empleados el aumento que fija la CSJN a los empleados del Poder Judicial de la Nación. Si bien esto fue parte de un acuerdo con los judiciales, quienes quisieron separarse de la pauta que recibía el resto de los empleados públicos de la provincia, hoy no termina de conformarlos.
Los empleados denuncian que “existe un doble estándar salarial” entre magistrados y empleados y que la brecha entre ambos estamentos es de 30%. A modo de ejemplo destacan que el piso salarial de los empleados es de $18 mil mientras que el de los funcionarios es de $75 mil”. “Al TSJ sólo le interesa sentarse con el Ejecutivo par a discutir sobre sus propios intereses”, afirmó a Comercio y Justicia el secretario General de AGEPJ, Federico Corteletti, al referirse al conflicto. “Queremos que cumplan con los compromisos que asumieron en el Ministerio de Trabajo y que se distribuya de otra manera la masa salarial”, agregó.
Privilegios
Los judiciales acusan a los funcionarios y magistrados de ser “privilegiados”. En este sentido, advierten de que éstos gozan de beneficios de los cuales los empleados están exentos.
“A nosotros nunca nos devolvieron el porcentaje del recorte que se nos hizo en la emergencia económica de nuestro porcentaje de antigüedad y, por otra parte, mientras los empleados aportamos a la Caja 18%, los juegues sólo lo hacen en un 11%”, recalcó Corteletti.
Sobre estos aspectos girará la discusión en la mesa salarial que esperan los judiciales se abra próximamente.
“ Si estas injusticias no se resuelven, tendremos un conflicto en puerta”, concluyó el secretario General de AGEPJ.