La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba cuestionó enfáticamente el recorte de ingresos sobre el sector público que anunció el Gobierno provincial. Además, reclamó deudas salariales. Lo hizo en un comunicado en el cual consideró “inadmisible” trasladar a los trabajadores la crisis sanitaria.
En esa línea, la AGEPJ alegó que sus representados ya soportan un atraso salarial frente a la inflación y plantearon que a los empleados judiciales todavía se les debe una parte del aumento de 2019 -concretamente, el 10% correspondiente a diciembre de 2019- y retroactivos que totalizan una deuda de más de 60% del sueldo.
El secretario General de la AGEPJ, Federico Corteletti, expresó: “Rechazamos un recorte salarial sobre cualquier trabajador o trabajadora. Los empleados y empleadas judiciales no sólo que no hemos tenido aumento en 2020 sino que todavía no podemos cobrar el de 2019. Dentro del Poder Judicial hemos denunciando los privilegios que se ha otorgado el sector de magistrados, como por ejemplo la devolución de los aportes previsionales”.
Por su parte, el secretario Adjunto de la entidad, Adrián Valián, sostuvo que el sector cumple su tarea en la prestación del servicio de justicia durante la pandemia de coronavirus y destacó que las unidades judiciales, los cuerpos operativos de Policía Judicial, el personal médico, los equipos técnicos y los tribunales de turno están funcionando en toda la provincia. “Asumimos la responsabilidad social que nos toca en esta penosa e inédita situación en el país y en el mundo, al igual que lo hacen tan dignamente los trabajadores de la salud y la policía en el sector estatal”, manifestó.
El representante consideró que los judiciales “merecen” que se abone la deuda con ellos.