ESCUCHARLos delitos que se le endilgan tienen pena de entre dos y 26 años de Cárcel. La querella anticipó a este medio que pedirá la prisión efectiva y que además se investigue a los superiores del titular del CAP 8. El veredicto puede ser hoy.
El juicio oral que se sustancia contra el comisario retirado Pablo Márquez, acusado de ordenar, supuestamente, detenciones ilegales para mejorar las estadísticas, abrirá hoy con la lectura de los alegatos y es posible que también hoy la Cámara 6ª del Crimen dé a conocer el veredicto.
La audiencia comenzará a las 9.30 con los alegatos del fiscal Marcelo Hidalgo, quien en la última audiencia pidió que se agrave la imputación contra el acusado por abuso de autoridad y coacción continuada.
«Hay un primer hecho que hace que se plantee un abuso continuado, de coacción. Hay otros tres hechos de abusos de autoridad. Y otro hecho de coaccción contra personal policial, individualizado», aseguró el fiscal.
Los delitos por los que se acusa a Márquez contemplan una pena de dos años de prisión, pero la sumatoria puede conformar un monto que llegue hasta 26 años.
Luego de los alegatos del Ministerio Público será el turno de la querella, a cargo de Carlos Nayi, quien anticipó a Comercio y Justicia que pedirá para el acusado una pena de “ocho o nueve años” de cumplimiento efectivo. “No hay que perder de vista la cantidad de personas inocentes que fueron detenidas”, subrayó Nayi. Paralelamente, precisó que pedirá que se remitan los antecedentes del caso para que la Justicia investigue a los superiores del comisario, llegando “hasta la cúpula de la Policía que en ese momento estaba en manos de Alejo Paredes”.
Para la querella, en el debate oral quedó en evidencia que la Policía de la Provincia tenía al momento de los hechos “un código penal paralelo”, y las detenciones arbitrarias eran parte de “un modus operandi que se repetía”.
Modus Operandi
Por el juicio -que se realiza con jurados populares- pasaron cerca de 15 testigos, la mayoría de ellos policía, quienes ratificaron la denuncia interpuesta en mayo de 2012 por los agentes Natalia Zárate y Jesús Calvo, subordinados de Márquez. Según los denunciantes, éste los obligaba a realizar aprehensiones arbitrarias para mejorar las estadísticas de la fuerza. Incluso nombraba “empleado del mes” a quien realizaba mayor cantidad de detenciones.
Para ello se amparaban en figuras del Código de Faltas provincial, como el “merodeo” o el “escándalo público”.
Uno de los últimos testigos fue el profesor universitario Hugo Seleme, quien explicó que en caso de que se confirmare la acusación de las detenciones ilegales por las que se encuentra imputado Márquez, los hechos «encajarían bien en el patrón de actuación policial que hemos identificado».
Seleme fue quien este año presentó un hábeas corpus preventivo por las razias masivas de mayo, y logró que la Justicia advirtiera a la Policía de que no volviera a cometer arrestos arbitrarios.
