Iron Mountain: anularon procesamientos de directivos y ex funcionarios porteños

La Cámara Nacional en lo Criminal sentenció por mayoría. Aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los defectos de la instrucción del sumario. Sostuvo que la investigación fue “deficiente” y “grotesca”

La Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de 12 ex funcionarios del Gobierno porteño y de cinco directivos de la empresa Iron Mountain por el incendio de uno de sus depósitos, hace casi siete años, en el barrio de Barracas, que causó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil. Lo hizo por mayoría y ordenó que se dicte otra sentencia. [privado]

En su decisorio, la alzada aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los “defectos” de la instrucción del sumario; sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 se dispusieron luego de una “grotesca” y “deficiente investigación”.

El fallo benefició a Eduardo Sueyras, director de Seguridad e Higiene para América Latina de la firma; a Guillermo Lockhart, gerente General, y a Héctor García, jefe de Seguridad e Higiene.

También alcanzó, entre otros, a los ex funcionarios Vanesa Berkowsky, quien fue directora General de Fiscalización y Control de la ciudad; Luis Cogo, ex jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; Roberto Chiesa, ex director de Industrias y Otros Locales, y a Silvia Hers, ex jefa del Departamento de Programación Operativa.

El incendio se produjo en la mañana del 5 de febrero de 2014. La propagación de las llamas causó que la estructura metálica que sostenía el techo comenzara a ceder y derrumbara la pared a la que estaba empotrada. Como consecuencia de ello fallecieron el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos Carlos Veliz, Eduardo Conesa y Maximiliano Martínez; el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal); los bomberos voluntarios Sebastián Campos y Facundo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y Pedro Barícola y José Méndez Araujo, de Defensa civil.

En febrero de 2018, el juez en lo criminal Pablo Ormaechea dictó los procesamientos con embargos por presunto incendio culposo seguido de muerte.

La decisión fue apelada por las defensas y -después de un largo trámite- llegó a la definición de la Sala VI de la Cámara, favorable para los encausados.

“La lectura del expediente y el examen de la documentación reservada deja al descubierto serios defectos, tanto de orden fáctico como dogmático, que descalifican al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, ya que impacta de manera determinante en la construcción de las imputaciones”, expusieron los camaristas Julio Lucini y Magdalena Laíño.

Ambos aclararon que las consideraciones que realizaron para anular los procesamientos no implican “opinión sobre las eventuales responsabilidades”, ya que se limitan a poner de resalto los puntos que conducen a sostener la arbitrariedad de lo decidido en base a una “deficiente investigación”

“La lectura del expediente y el examen de la documentación reservada dejan al descubierto serios defectos, tanto de orden fáctico como dogmático, que descalifican al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, ya que impacta de manera determinante en la construcción de las imputaciones”

expusieron los camaristas Julio Lucini y Magdalena Laíño.

En tanto, enfatizaron que es inadmisible que a casi siete años de este episodio aún no se sepa cómo, dónde y por qué se inició el fuego.

“No sólo merece una respuesta la sociedad, la cual reclama mejores modelos de acceso a la Justicia que garanticen procesos efectivos, rápidos y transparentes, sino, sobre todo, los familiares de las víctimas que perdieron la vida”, remarcaron.

Los jueces del voto mayoritario recalcaron que como se desconoce cómo se inició el fuego, las incriminaciones que formuló el a quo carecen de sustento. “Es tan absurdo como pretender enjuiciar un homicidio sin conocer la causa de la muerte”, expresaron.

Disidencia

En disidencia, el camarista Ricardo Pinto concluyó que la prueba incorporada al expediente “tiene el peso suficiente” y que hubo omisiones de los imputados; en especial, de los directivos, quienes, según estimó, “aumentaron el riesgo en forma ilegítima y que se concretaron en el resultado”.

Sobre los ex funcionarios, Pinto consignó que las irregularidades de obra en el depósito siniestrado, marcadas de manera incompleta en actas labradas con anterioridad, configuraron un ejercicio defectuoso del poder de policía. [/privado]