Lo solicitó el juez multifuero de Villa Cura Brochero en el caso de dos hermanos, al tiempo que llamó a desterrar los términos peyorativos para referirse a personas con patologías mentales
El juez con competencia múltiple de Villa Cura Brochero, José María Estigarribia, declaró la incapacidad de una persona de 54 años, en tanto respecto de su hermano mellizo dispuso su restricción para el ejercicio de la capacidad para determinados actos, por problemas de salud mental.
El magistrado instó a adoptar el “modelo social de discapacidad”, que parte de la idea de que la discapacidad se origina “en causas sociales o preponderantemente sociales”, en las cuales las limitaciones individuales no son las raíces del problema de la discapacidad sino que son las limitaciones de la sociedad para “asegurar y tener en cuenta adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad en la organización social”.
Esas limitaciones incluyen, para el juez, la falta de garantía del pleno e igualitario ejercicio de los derechos, mediante la inclusión y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la “diversidad y la condición humana”.
Al tomar como base este nuevo sistema, el fallo destacó la necesidad de efectuar un análisis personalizado de cada caso, de explicar al interesado el proceso judicial iniciado, de tener en cuenta su opinión al momento de resolver y de facilitar todo trámite tendiente a procurar el resguardo de las personas con discapacidad.
Paralelamente, en cumplimiento de previsiones contenidas en tratados internacionales y en pos de respetar la dignidad del interesado, el magistrado también incluyó en la resolución párrafos de fácil lectura, para que el segundo de los hermanos pudiera entender -según sus posibilidades- el sentido de lo resuelto, e instó a desterrar de la vida cotidiana e institucional términos peyorativos como “dementes”, “insanos”, “incapaces” o “enfermos mentales”.
Capacidad restringida
En la sentencia, el juez tuvo especialmente en cuenta que el primero de los hermanos presenta el denominado síndrome “cri du chat” -o síndrome de Lejeune-, también llamado de “maullido de gato”, que lo inhabilita para obrar por sí mismo en forma absoluta; en tanto el segundo, no obstante haberse probado su oligofrenia en grado II, puede realizar actividades de la vida hogareña sin dificultad. “Puede decidir sobre sus preferencias y emite opiniones, ejerciendo en los aspectos cotidianos de su vida gran autonomía”, afirmó el juez. Destacó que el hombre se comunica, se encuentra orientado, contesta preguntas y puede realizar tareas que “contribuyen a su bienestar”, como ayudar en las labores domésticas, realizar compras, sembrar verduras, regar, barrer, etcétera.
Respecto del segundo hermano, el magistrado consideró que la restricción del ejercicio de la capacidad jurídica debe ser, únicamente: “1) De administración que excedan la cobertura de necesidades básicas. 2) De disposición del patrimonio. 3) Relacionados con el ejercicio del derecho a la salud, para lo cual hay que asegurarle un tratamiento acorde con su patología. 4) De realización de gestiones administrativas. 5) Procesales de disposición (como demandar, contestar demandas, transar y formular acuerdos), judiciales y/o administrativas en los que resulte parte”.
“Apoyo”
En virtud de lo decidido, el juez también resolvió designar a quien había iniciado el proceso, curadora del primero de sus hermanos y “apoyo” del segundo, tal como lo prevé el Código Civil y Comercial. Para esto último, resolvió que la función deberá ajustarse a lo siguiente: “a) Respetar los deseos y aspiraciones de su hermano, con respecto a los actos para los que necesita de su ayuda. b) Transmitir las situaciones complejas para que A. pueda decidir personalmente (…), promoviendo así su autonomía, a los efectos de la manifestación de su voluntad para el ejercicio de sus derechos. c) Acudir a la salvaguarda que asegura la intervención judicial cuando su función como apoyo resulte insuficiente”.
El juez justificó estas pautas señalando que de esta forma se permite que las personas que no padezcan de una incapacidad absoluta puedan, mediante la capacidad funcional restante, adquirir distintas habilidades, que variarán de acuerdo a cada caso. “Así, se promueve que las decisiones tomadas respondan a las preferencias de la persona”, quedando sujeta esta decisión a una revisión dentro de tres años, destacó el juez.
Párrafos
Respecto de la necesidad de introducir párrafos de fácil lectura para este segundo hermano, el magistrado explicó que esa exigencia deriva de los tratados internacionales que Argentina se ha comprometido a respetar, en los cuales se establece que la comunicación a las personas con discapacidad debe incluir un lenguaje de fácil acceso, que se adecuará a las posibilidades del afectado, y subrayó que ello “contribuye a “afianzar la autonomía y la dignidad de uno de los destinatarios” del proceso que, por su posibilidad de entendimiento, “merecía” recibir del Estado, representado por el Poder Judicial, una respuesta directa y comprensible de su situación y de la “trascendental decisión adoptada en cuanto a su persona”.
Paradigma
Seguidamente, el juez Estigarribia advirtió de la falta de adecuación del lenguaje empleado con el correspondiente al nuevo paradigma receptado por el Código Civil y Comercial, y agregó: “Se hace necesario desterrar de la vida cotidiana, más aún de la institucional, términos peyorativos y ofensivos con los que se denominan a las personas discapacitadas, tales como ‘dementes’, ‘insanos’, ‘incapaces’ o ‘enfermos mentales’”.
En tal sentido, el fallo expresó que no se trata de un “simple cambio de palabras” propuesto por el nuevo código, sino de hacer “palpable y perceptible” aquello que se halla detrás de la palabra: “el ser silenciado, ocluido, expulsado de su condición central, el de persona”.
Por ello, subrayó el magistrado que excluir el lenguaje degradante implica “sacar de la humillación” a las personas integrantes de ciertos colectivos, como un “primer paso” para el reconocimiento de sus derechos, especialmente aquellos derechos relacionados con la dignidad, como lo es la capacidad jurídica.
Obligación
El magistrado lamentó que la administración pública y entes dependientes de ella no hayan procurado el ajuste de los trámites y sistemas informáticos correspondientes, afectando o entorpeciendo el otorgamiento de prestaciones que resultan esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, lo que se presenta aún más penoso si se tiene en cuenta que los individuos afectados por patologías psiquiátricas congénitas -como los supuestos de estos autos- “tienen un promedio de vida inferior”.
Por ello, al haber constatado problemas en la gestión de prestaciones en otras causas que tramitan ante el mismo tribunal, el juez dispuso remitir oficios a las administraciones Nacional de la Seguridad Social (Anses) y Provincial del Seguro de Salud (Apross), PAMI, Programa Profe y a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a fin de procurar la adaptación al nuevo modelo de los trámites para obtener afiliaciones o beneficios por discapacidad, en función de las directrices consignadas en la resolución.
