El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificaciones de normas vigentes sobre lavado de activos.
Entre aquéllas figura reafirmar y fortalecer la independencia operativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual a través de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, consigna.
Sin fines de lucro
A su vez, prevé incorporar un nuevo capítulo referido a las organizaciones sin fines de lucro. “Si bien dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abuso para la financiación del terrorismo”, reza el proyecto, que puntualiza que fijarán “medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados”, de conformidad con la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Personas jurídicas
En tanto, en consonancia con la última modificación de la recomendación 24 del GAFI, aprobada en marzo pasado, que reforzó los estándares internacionales relativos a beneficiarios finales de las personas jurídicas, prevé la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); todo ello, según consigna el texto, “con el fin de garantizar una mayor transparencia respecto de la verdadera titularidad y control y de mitigar los riesgos de su utilización indebida”.
