La iniciativa prevé mecanismos de acreditación, de alerta y de control del hacinamiento en los establecimientos destinados a las personas privadas de la libertad. Este año se registró una tasa de ocupación superior a la permitida en la mayoría de las cárceles argentinas
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó una propuesta legislativa para regular la “capacidad funcional y de alojamiento” de todos los establecimientos destinados a la privación de la libertad de personas, con el objetivo de “aminorar” el problema del hacinamiento.
La iniciativa prevé mecanismos de acreditación previos, con amplia participación de actores involucrados, mecanismos de alerta y control, y la aplicación de un sistema para la prevención o remedio de las violaciones de derechos humanos.
De este modo, se propone la puesta en funcionamiento de un mecanismo de acreditación “confiable y transparente” del cupo disponible en cada establecimiento penal. Además, se establece un sistema de acceso a la información en tiempo real acerca de los niveles de ocupación, a los fines de “permitir el control permanente y toma de decisiones fundadas en datos sólidos”.
Si el nivel de ocupación supera 90%, la autoridad carcelaria deberá informar esta situación al Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT). En caso de que el porcentaje de ocupación supere 95%, el CNPT podrá declarar la emergencia, tiempo durante el cual no podrá ingresar detenido alguno.
La iniciativa también prevé que deberá autorizarse previamente cualquier tipo de modificación que se realice dentro de un establecimiento destinado a una persona privada de su libertad cuando esto implique una disminución en su capacidad funcional.
Un problema estructural
Según los datos oficiales, las cárceles federales han funcionado durante los últimos años con una ocupación cercana a 90 por ciento de su capacidad de alojamiento declarada. La tasa de ocupación mantuvo su tendencia creciente en 2016, pero superó este año su máximo histórico, funcionando con “sobrepoblación general”. “Las medidas adoptadas por la administración penitenciaria en relación a la definición y fijación de las capacidades de alojamiento, lejos de contener la problemática, la han agravado al carecer de criterios objetivos para la definición del cupo carcelario. Durante los últimos años, además, se ha dificultado el acceso a información confiable”, señaló el organismo encargado de la protección de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Entre sus fundamentos, el proyecto legislativo señaló, además, que “la superpoblación es un mal estructural de nuestro sistema penal y puede constituir, en ciertos casos, ella misma un acto de tortura”.
El texto ya había sido presentado en 2013, pero el organismo advirtió de que el problema “persiste y ha empeorado”, por lo que se remitió nuevamente al Congreso de la Nación para su tratamiento y sanción definitiva.
