Ingresó un proyecto de ley contra la violencia laboral

Busca prevenir y sancionar hechos que ocurran en todo el sector público de la Provincia, incluyendo los poderes Legislativo y Judicial. Ya son varias las jurisdicciones que cuentan con un régimen de protección, pero Córdoba sigue en deuda

El bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó en la Legislatura Unicameral un proyecto de ley contra la violencia laboral en el ámbito del sector público de la Provincia. El texto define los alcances de la violencia laboral y establece sanciones que llegan hasta la cesantía. [privado]

La iniciativa, que lleva la firma del legislador Dante Rossi y del resto de los integrantes del bloque radical, “toma como base uno similar, que fuera incorporado a la Unicameral con el número 18973/L/16, por parte del legislador Ezequiel Peressini, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT)”, elaborado por el abogado laboralista y especialista en violencia laboral, Carlos Cafure.

Plantea que su objeto es “prevenir la violencia laboral y sancionar a los que ejerzan la misma”, y define que los trabajadores protegidos son quienes “se desempeñen en la Administración Pública Provincial, Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, Empresas o Sociedades del Estado Provincial, Sociedades de Economía Mixta o con participación estatal mayoritaria, como así también en el ámbito de los poderes Legislativo y Judicial provincial”.

Detalla que “se considera violencia laboral toda acción ejercida en el ámbito laboral que atente contra la integridad física, moral, sexual, psicológica o social de los trabajadores estatales o privados”. Son varias las provincias que ya tienen leyes locales para prevenir y sancionar la violencia laboral, entre ellas Buenos Aires (ley 13168), Entre Ríos (Ley 9671), Santa Fe (Ley 12434) y Tucumán (Ley 7232).

La nueva iniciativa legislativa tomó como base una anterior que contó con el apoyo de 30 sindicatos, dos centrales obreras nacionales, organizaciones religiosas y del defensor del Pueblo de la Provincia; además, había sido declarado de interés general por ocho facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Incluso algunos municipios de la provincia cuentan con un régimen de protección contra la violencia laboral; por ejemplo, desde agosto del año pasado Río Ceballos lo tiene, por el apoyo del intendente Omar Albanese.

Cafure, autor del proyecto, recordó que "quienes padecen la violencia laboral (según los especialistas en salud), en muchos casos terminan con padecimientos físicos y psíquicos. Asimismo existen casos de suicidios y muertes por esta forma de violencia en el ámbito laboral"; y reclamó que "frente a esta delicada situación, es necesario que los Estados municipal y provincial prevengan y sancionen la violencia laboral por medio de ordenanzas y de una ley provincial que se trate en los correspondientes ámbitos legislativos".

Protege contra una amplia gama de arbitrariedades

Definición

Dice la iniciativa en sus fundamentos que, según la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL), ésta es “toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores”.

Acciones que la configuran

1) Maltrato psíquico y social :

a) El constante bloqueo de iniciativas. b) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana. c) Juzgar de manera ofensiva el desempeño. d) Amenazar repetidamente con el despido infundado. e) Hacer cambiar de oficina o de lugar habitual de trabajo a una persona, con la intención de aislarla de sus compañeros. f) Privar al trabajador de sus elementos de seguridad correspondientes. g) Ejercer un silencio despectivo. h) Hacer insinuaciones o indirectas. i) Practicar inequidad salarial entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo trabajo. j) Destruir malintencionadamente la reputación personal. k) Llevar adelante persecuciones al trabajador, por razones políticas o sindicales. l) Encargar trabajos imposibles de hacer. m) Recibir pedidos o la realización de trabajos fuera del horario de jornada laboral. n) Demorar de forma injustificada el tratamiento de expedientes administrativos iniciados en reclamo de cualquier derecho que le asista. o) No asignar tareas o trabajos. p) Promover hostigamiento, en forma de complot. q) Encargar trabajos o tareas fuera del horario de la jornada laboral. r) No acatar de forma reiterada las instrucciones impartidas por un superior jerárquico.

2) Maltrato físico : toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre el trabajador.

3) Acoso sexual : la acción persistente o reiterada de incomodar con palabras o gestos, en razón del sexo, edad, nacionalidad, capacidades diferentes, estado civil, conformación física o situación familiar.

Procedimiento

En tanto, en el artículo 4º define que “el trabajador que hubiere sido víctima de las acciones de violencia laboral previstas en la presente ley, solicitará a la autoridad de aplicación que fije una audiencia dentro del plazo de 48 horas. (…) La denuncia deberá resolverse dentro de las siguientes 48 horas de producida la audiencia, pudiendo ser admitida o rechazada en el supuesto de no tratarse de un caso de violencia laboral, admitiéndose la posibilidad de presentaciones de recursos administrativos para la revisión de la resolución notificada a las partes. (…) Agotada la instancia administrativa, a cualquiera de las partes le quedará expedita la vía judicial”.

Sanciones

Entre las sanciones que pueden aplicarse en caso de violación de la ley, indica que “se aplicarán sanciones disciplinarias que podrán ir desde un mero apercibimiento, días de suspensión, hasta cesantía del violento. Asimismo, se aplicará una multa económica cuyo monto será el equivalente de entre cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos, vitales y móviles.

También prohíbe que las personas que hayan denunciado como víctimas “o que hayan comparecido en calidad de testigos, sufran por ello perjuicio alguno en su empleo o cambios en sus condiciones laborales”. [/privado]