ESCUCHARFavorecer la inclusión de las personas travestis y trans mayores de 40 años en el sistema de la seguridad social para garantizarles la percepción de ingresos «reparatorios», equivalentes al menos a la Pensión Universal para Adultos Mayores de $16.456,80, es el objetivo de un proyecto de ley nacional, presentado esta semana en ocasión del Día Internacional Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género que se conmemora cada 17 de mayo.
El proyecto, denominado Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis y Trans, plantea el otorgamiento en carácter vitalicio de una percepción a todas las personas travestis y transexuales de más de 40 años, hayan o no realizado la rectificación registral del acta de nacimiento y DNI.
En sus considerandos, la iniciativa, impulsada por la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina (Convocatoria), junto a la diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez (FdT), señala que «busca reparar la violación de derechos humanos básicos que implica una expectativa de vida de 35 a 40 años (entre las personas que integran esos colectivos); normas que criminalizaban y “patologizaban” esas identidades; la sistemática violencia institucional y la falta de acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo registrado».
Travesticidio social
Según la legisladora Jimena López, integrante de la Comisión de Género y Diversidad de Diputados, sostuvo: «El travesticidio no sólo es penal sino también social: 85 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza».
«El proyecto profundiza el reconocimiento e inclusión del colectivo travesti trans que iniciamos con la Ley de Identidad de Género en 2012 y que continuamos con los decretos de cupo e inclusión laboral el año pasado», dijo Estévez antes de encabezar el acto virtual de presentación de la iniciativa que deberá tratar el Congreso Nacional.
La legisladora enfatizó que «el reconocimiento de la violación de los derechos humanos de este colectivo terminará con la invisibilización de nuestra historia y su inclusión en la seguridad social garantizará condiciones materiales mínimas para una vejez travesti y trans más digna».
La iniciativa prevé que los ciudadanos extranjeros estén alcanzados, aunque deberán acreditar una residencia mínima de dos años; en tanto, aquellas personas que no hayan realizado la rectificación registral deberán acreditar que se encuentran al amparo de la Ley de Identidad de Género mediante declaración jurada.
Junto a Estévez estuvieron en la presentación la presidente de la convocatoria, Claudia Vázquez Haro; las diputadas nacionales Mónica Macha y Jimena López; y referentes de seis organizaciones LGBTIQ+ de provincias.
De acuerdo con Macha, titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, la iniciativa «pone en quiebre las categorías que han sido utilizadas como ‘normales'» porque «para la comunidad travesti trans llegar a ella es muchas veces es un logro».
Por su parte, Vázquez Haro explicó: «Llegamos a la vejez más empobrecidas y con un mayor deterioro físico y emocional que las personas mayores cis (cisgénero), como consecuencia de la vulneración sistemática de nuestros derechos fundamentales a lo largo de nuestra vida».
«Por ello consideramos necesario y urgente que exista una política pública concreta de inclusión de las personas travestis y trans mayores en el sistema de seguridad social», agregó la activista que también preside la organización Otrans.
