ESCUCHARLa Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el caso de Vicky Hernández, asesinada durante un toque de queda. En el juicio, que debido a la pandemia se celebró bajo la modalidad de audiencias virtuales, el Estado reconoció que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación del homicidio
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Honduras por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero de 26 años que fue asesinada durante el golpe de Estado de 2009.
La sentencia es inédita: es la primera vez que se determina la responsabilidad de un país por el deceso de una persona transexual.
Durante la tramitación del caso se acreditó que la joven, que era trabajadora sexual y activista por los derechos del colectivo LGTB, fue ejecutada durante un toque de queda, en un contexto de ataques y violencia contra la población trans que persiste a la fecha.
Según la ONG Cattrachas, en Honduras, desde la ejecución de Hernández 122 personas transgénero y 389 miembros de la comunidad LGBT fueron asesinados.
Según el comunicado que emitió el tribunal regional, se constató la existencia de “varios indicios de la participación de agentes estatales” en la muerte de Hernández, los cuales apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida y a la integridad de la víctima.
“A 12 años del Golpe de Estado, se establece que hay suficientes indicios para responsabilizar al Estado de Honduras por la primera muerte violenta conocida por la Corte Interamericana que ocurrió durante el régimen de facto de Roberto Micheletti”
(Del comunicado que difundió la ONG Cattrachas, uno de los grupos que llevó el caso ante la Corte IDH).
Además, determinó que tanto en vida como durante la investigación de la muerte de Hernández “se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género”.
También resaltó que su madre y su hermana se vieron afectadas por el sufrimiento que les causó el crimen, la discriminación permanente que sufrió y la impunidad del caso.
Durante la tramitación del caso se acreditó que la joven, que era trabajadora sexual y activista por los derechos del colectivo LGTB, fue ejecutada durante un toque de queda, el 29 de junio de 2009.
Durante el juicio, que se celebró bajo la modalidad de audiencias virtuales por la pandemia, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional porque las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación del homicidio.
Reparación
Entre las medidas de reparación que la Corte le pidió al Estado de Honduras figuran continuar la pesquisa por el homicidio; llevar a cabo “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”; poner en marcha una beca educativa para mujeres trans que llevará el nombre de Vicky Hernández; crear un plan para la capacitación para los cuerpos de seguridad; adoptar un procedimiento para reconocer la identidad de género en los documentos de identidad y en los registros públicos y redactar protocolos para el seguimiento y la investigación de casos de violencia contra las personas de la comunidad LGTB.
La ONG Cattrachas calificó la decisión como histórica. “A 12 años del Golpe de Estado, se establece que hay suficientes indicios para responsabilizar al Estado de Honduras por la primera muerte violenta conocida por la Corte Interamericana que ocurrió durante el régimen de facto de Roberto Micheletti”, sostuvo en un parte de prensa.
El caso llegó a la Corte IDH impulsado por una petición de la ONG hondureña Cattrachas, del 23 de diciembre de 2012. Años después se sumó la organización “Robert F. Kennedy” Human Rights, de Estados Unidos.
Representantes del grupo hondureño afirmaron además que con su sentencia la Corte creó un “gran precedente para las personas trans en toda América Latina”, en la medida en que señala que la falta de reconocimiento de la identidad de género es una violación de derechos humanos.
En las audiencias virtuales del caso, los jueces pudieron escucharon a otras mujeres transgénero, en calidad de testigos y expertas, como la perito argentina Marlén Wayar.
2020
En noviembre de 2020, cuando la Corte IDH tomó el caso, la abogada Angelita Baeyens, de la organización de derechos humanos “Robert F. Kennedy”, de Estado Unidos, valoró que el paso era vital para que Honduras escuchara los reclamos de una población que es violentada de muchas formas.
La violencia del Estado hondureño no cesó con el crimen: continuó con el manejo del cadáver de Hernández, al que las autoridades se negaron a practicar la autopsia de rigor porque supusieron que vivía con VIH.
“Ya es hora de que se reconozca la discriminación de la que han sido víctimas las personas transexuales. No sólo por la violencia física, también hay que hablar de la violación de casi todos sus derechos”, dijo.
Cabe resaltar que Honduras ni siquiera permite que las personas trans cambien sus nombres.
29 de junio
- A Vicky Hernández la encontraron muerta en una calle de San Pedro Sula, en la mañana del 29 de junio de 2009, con un disparo en la cabeza.
- Las dos amigas que la acompañaban, quienes días después también fueron asesinadas, llegaron a narrar que cuando la policía apareció todas corrieron en diferentes direcciones, pero que Hernández se quedó atrás.
- Fue la primera de 15 personas trans asesinadas durante el golpe de Estado en Honduras. Once años después, en noviembre de 2020, la Corte regional aceptó estudiar su caso.
- Lo que decidió el tribunal da la pauta de lo que será la jurisprudencia internacional para la protección de la comunidad transexual en la región.
