Indemnizan por incapacidad absoluta a un trabajador que se jubiló por invalidez

La decisión concluyó que la pericia médica -al momento en que el empleado obtuvo el beneficio jubilatorio por sus dolencias- demostraban suficientemente que estaba incapacitado en forma absoluta [privado]

Al advertir que las lesiones y el grado verificado por la pericia médica al otorgarse la jubilación por invalidez constituyeron un marco suficientemente razonable para sostener que al tiempo del autodespido el trabajador estaba incapacitado en forma absoluta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ordenó a la empresa demandada pagar la indemnización del artículo 212, 4º párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

En la instancia previa se había rechazado tal pretensión, porque el trabajador accionante no acreditó mediante certificación o junta médica que su minusvalía estaba vigente durante la relación laboral.

El tribunal a quo había señalado que la mera manifestación del reclamante no incluyó las enfermedades que habría padecido ni quienes determinaron la disminución de la capacidad, aportando solamente que, a la fecha de realizar el estudio, se encontraba incapacitado.

El inferior consideró, además, que la demandada expuso su voluntad de mantener el contrato de trabajo, citando al trabajador a concurrir ante el médico de control de la empresa, luego de la comunicación de aquél y que, al tomar conocimiento del acceso al beneficio jubilatorio, le notificó la extinción del vínculo laboral

El demandante se agravió del rechazo de la indemnización en cuestión, aduciendo que la motivación que se omitió considerar prueba dirimente y se dejó de lado que se habían acreditado las condiciones de procedencia y requisitos que sobre la descripción de las patologías en la comunicación de la minusvalía, que la ley no exige.

Relevancia

El accionante cuestionó, también que le otorgara relevancia al cese dispuesto por la empresa el 7/1/14, considerando que el empleador actuó con el fin de continuar la relación laboral, asignándole relevancia a la situación formal por sobre la verdad real, pues la pericia contable verificó la falta de pago de remuneraciones, aportes y contribuciones a partir de la comunicación de la incapacidad absoluta.

Así, el trabajador apuntó que no medió especulación de su parte y que fue la contraria la que actuó de mala fe, para afirmar finalmente que la descalificación del informe médico oficial carecía de sustento, ya que comprobó la incapacidad absoluta durante la relación, pues se basó en estudios e informes médicos del año 2012.

Las pruebas reseñadas resultan decisivas para la solución de la causa y fueron ponderadas arbitrariamente por el a quo, subrayando que la extinción del vínculo es producida por el trabajador, por lo que carece de la trascendencia que el juzgador le hubiera asignado la obtención de la jubilación ordinaria que la empleadora invoca con posterioridad.

Al resolver, el TSJ -integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo - indicó que de las constancias de la causa surgía que el 9/7/2013 el accionante comunicó el cese con fundamento en el art. 212, 4to párr, LCT y que la demandada respondió el 11/09 indicando que debía concurrir al servicio médico de la empresa con estudios y certificados médicos, lo que se llevó a cabo el 25 de igual mes.

El Alto Cuerpo relató que el 17/10/2013 el trabajador intimó a que se le comunicaran las conclusiones de dicho acto, desconociendo la contraria su recepción en la audiencia designada.

Alta

Los vocales repararon que Anses informó que la “jubilación ordinaria” tuvo alta en febrero de 2014, remarcando que la tramitación fue iniciada el 3 de diciembre de 2013, pero que ya desde el 22 de febrero de ese año se encontraba con licencia médica.

Bajo esas premisas, el fallo interpretó que las pruebas reseñadas resultan decisivas para la solución de la causa y fueron ponderadas arbitrariamente por el a quo, subrayando que la extinción del vínculo es producida por el trabajador, por lo que carece de la trascendencia que el juzgador le hubiera asignado la obtención de la jubilación ordinaria que la empleadora invoca con posterioridad.

El TSJ consideró sin sustento la buena fe atribuida a la demandada, en el sentido de querer mantener el vínculo, si guardó silencio frente a la interpelación del accionante acerca de la conclusión médica y luego negó insinceramente haberla recibido.

Así, los vocales recordaron que el ya referido art. 212, 4to. párr. LCT, “regula un beneficio excepcional ante la imposibilidad psicofísica de prestar tareas, circunstancia en la que la ley ampara al trabajador con independencia del modo de extinción del vínculo”.

Ruptura

En ese orden, la decisión resaltó que en el supuesto en el que el trabajador dispuso la ruptura por dicho motivo, habiéndose corroborado que la incapacidad apareció en toda su entidad durante la vigencia del contrato, los informes médico y psiquiátrico de oficio verificaron que el actor portaba una incapacidad total, absoluta y permanente de 78,25% de la total obrera, sin que existan otras pruebas de igual entidad que los desvirtúen.

El TSJ agregó que, de conformidad con las reglas de la experiencia, “no resultaba posible que el demandante pudiera haber adquirido el elevado porcentual invalidante detectado, en el breve lapso transcurrido entre su comunicación del 9 de septiembre de 2013 y la producción de los actos periciales referidos -17 de junio y 5 de agosto de 2014, respectivamente-”, concluyendo que debía admitirse la reparación derivada de la incapacidad absoluta del trabajador.