Indemnizan a un preso por un accidente que sufrió en la panadería del penal

El juez interviniente sostuvo que con el legajo y la histórica clínica aportados como prueba se demostró que el siniestro ocurrió mientras trabajaba en esa dependencia carcelaria, labor por la que recibía un pago remuneratorio

La Sala 8ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba admitió la demanda de un preso que prestando tareas en la panadería de un complejo carcelario, sufrió un accidente -como consecuencia del cual se lesionó una mano- y condenó Superior Gobierno de la Provincia al pago de la indemnización derivada de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).

El accionante expuso que en setiembre de 2011 ingresó Complejo Carcelario Nº 2 de Cruz del Eje, en calidad de detenido legajo 50279, donde comenzó a trabajar en la panadería del penal, haciéndolo sin registración alguna, en calidad de operario y en la categoría salarial de “ayudante”, según el CCT 461/2006; cumpliendo una jornada de trabajo de 10 horas diarias y percibiendo una remuneración “muy por debajo de lo que marca el Convenio Colectivo”, de $10.433.

Refirió que su tarea consistía en la preparación de la masa del pan y facturas, distribución en las bandejas de horno, cargado del mismo y fraccionamiento de los productos elaborados.

Narró que el 14 de abril de 2015 sufrió un accidente de trabajo cuando se encontraba cargando con masa la máquina sobadora y ésta se encendió, atrapándole la mano izquierda y produciéndole graves lesiones, debiendo ser hospitalizado.

El detenido reseñó que tras el accidente quedó con serias limitaciones funcionales, lo cual le ha generado incapacidad física y psíquica, conforme surge del certificado médico que le fue extendido y que forma parte del reclamo, en el que se le diagnostica: “Lesión postraumática de mano izquierda asociado a trastorno ansioso depresivo postraumático con recurrencia permanente en virtud de la sensibilidad existente, que le produce una incapacidad laboral parcial y permanente del 18% de la total obrera”.

Al resolver, el juez Jorge Alberto Vega precisó que -no constando como objeto de discusión que el actor haya revestido la condición de interno, ni que se haya desempeñado laboralmente en la panadería en el establecimiento ya referido, ni tampoco la producción del accidente de trabajo que sufrió- los únicos aspectos controvertidos en la causa eran: a) la existencia de las patologías que denuncia como causadas por el accidente de trabajo sufrido a las órdenes de su empleadora, y, en su caso, b) la calificación médico-legal de las mismas y el porcentual incapacitante.

Así, al analizar la prueba en el fallo se resolvió que correspondía admitir la demanda, desestimando la excepción de falta de acción opuesta por la Provincia.

Petición

En esa dirección el fallo destacó que la demandada ha peticionado el rechazo de la demanda, fundada en que la demanda fue vaga, imprecisa, confusa y generalizada, lo que -según afirma- afectó su derecho de defensa, que el actor no probó los hechos (en particular la prestación de servicios y el accidente sufrido), habiendo renunciado a la prueba testimonial, prueba vital, que no probó las patologías y el nexo causal con las tareas.

Al respecto, el tribunal expresó que, si bien pueden resultar parcialmente atendibles tales críticas de la accionada -en especial las dos primeras-, no es menos cierto que ella tuvo la oportunidad de remediar tales deficiencias y no lo hizo, debiendo asumir, por tanto, su responsabilidad procesal en tal sentido y las consecuencias de tal actuar.

En esa dirección, el sentenciante consideró que a las deficiencias de la demanda -y la supuesta afectación a su defensa- pudo subsanarlas apelando a las disposiciones del artículo 46 in fine del procedimiento laboral, pero no lo planteó.

Falta de pruebas

En cuanto a la falta de pruebas de los hechos, el vocal sostuvo que la demandada soslayó los dictados del principio de la carga dinámica de la prueba, omitiendo arrimar prueba documental que indudablemente estaba en su poder (como el legajo del actor), siendo ella, por tanto, quien se encontraba en mejores condiciones de probar, máxime en este caso específico, en el que el trabajador es una persona privada de su libertad y la demandada, además de ser la titular del establecimiento penitenciario, es quien tiene la custodia legal del preso.

Finalmente, el magistrado señaló que en lo atinente a las dolencias y el nexo causal con las tareas, ello no merece mayores consideraciones si se repara en las conclusiones de la pericial médica producida, por lo que, en consecuencia, en el fallo se condenó a la Provincia a abonar al actor la prestación dineraria prevista en los artículos 14, apartado 2, inciso a) de la ley 24557 y artículo 3 de la ley 26773, con las previsiones del artículo 8 de esta última norma, en concepto de indemnización por las patologías y porcentual incapacitante del 23,94 % de la total obrera.