Imputaron por estafa a un empresario de la salud

La Justicia cordobesa imputó por estafas a un importante empresario de la salud que fue denunciado penalmente la semana pasada por la “Central Centro Mutual de Profesionales de la Salud”, en el marco de una serie de maniobras fraudulentas que superarían los seis millones de pesos.
El acusado es Jorge Aníbal Pereyra, presidente de la firma GER SA – una de las tantas gerenciadoras que operan en el mercado de Córdoba-, quien tenía a su cargo las prestaciones de aproximadamente 35.000 afiliados a través de diferentes convenios firmados con obras sociales de la provincia.

Maniobra

La investigación se encuentra radicada en la fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 6 de María Antonia De la Rúa, remitida tras una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Raúl Garzón, y para ser acumulada con otra causa en la que se investiga la comisión de otros delitos.
Según la denuncia de la Mututal de Profesionales de la Salud (patrocinada por los abogados Eduardo Rodríguez Aramburu y Gustavo Franco), el fraude a esta compañía alcanza el millón de pesos. La maniobra consistía en comprar medicamentos a los proveedores como la Mutual, con montos que promediaban los $ 35.000 mensuales y luego, aprovechándose de la confianza generada, incrementar el requerimiento a unos $ 90.000 mensuales, los que eran abonados mediante la entrega de cheques sin fondos diferidos a 90, 120 y 180 días.

Otras denuncias

El empresario Pereyra también fue denunciado por cinco empleadas de la sanidad que fueron despedidas de la Clínica del Centro de la ciudad de Alta Gracia, quienes también recibieron como medio de pago cheques sin respaldo.
Mientras tanto, se aguarda que en los próximos días haga lo propio una firma encargada de la fabricación de prótesis. Según adelantó a Comercio y Justicia el abogado Rodríguez Aramburu, la denuncia penal será, en este caso, por un fraude de $ 40.000.
El letrado advirtió que Pereyra, según los informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), emitió un total de 1.286 cheques rechazados, que alcanzan la suma total de $ 3.618.604.

Marco legal

Rodríguez Aramburu señaló que las maniobras realizadas por Pereyra son posibles porque “falta un marco legal adecuado para el correcto funcionamiento de estas gerenciadoras de salud, toda vez que, al permitir el funcionamiento sin respaldo patrimonial ni garantías adecuadas a una operatoria de gran envergadura, admite la participación en el sistema de personas que arman oficinas que sólo tienen un sello y escritorios con algunos empleados”.

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