ESCUCHARSe le enrostra cohecho activo y exacciones ilegales. El 28 se le tomará declaración. También están acusados otros cinco de sus colaboradores
El fiscal federal de Villa María, Luis María Viaut, fue imputado ayer, junto a su colaborador más cercano, Darío Rivarola, y cuatro personas más, por presuntas exacciones ilegales, cohecho y cohecho activo, en el marco de la denuncia del cooperativista de El Tío, Pablo Luis González, por supuesto pedido de una «coima» para desvincularlo de una causa.
Además de Viaut y Rivarola, están imputados Gerardo Agustín Panero, Víctor Hugo Brugnoni, Walter Gustavo Fattore y Santiago Badino, quienes comenzaron a ser indagados ayer por el juez Federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, a cargo por ahora del Juzgado Federal de San Francisco .
Ayer comparecieron los imputados Rivarola y Panero, en tanto que hoy lo harán Fattore, Badino y Brugnoni. Está previsto que el 28 lo haga el fiscal Viaut.
González hizo la denuncia en julio pasado, ante los tribunales federales de Córdoba, y el fiscal General, Carlos Casas Nóblega, asignó la investigación a la fiscal federal de Villa María.
En ese marco, la procuradora María Marta Schianni pidió semanas atrás una serie de allanamientos contra su colega. En total fueron seis: tres en San Francisco -uno en la Fiscalía Federal, otro en la casa de Viaut y el restante en la vivienda de un colaborador directo de éste-, en tanto hubo otros tres procedimientos, en Las Varillas, Pozo del Molle y Laborde. En ellos se secuestró documentación relevante para la causa, documentación bancaria, dinero en efectivo y el teléfono celular de Viaut. En su despacho se encontraron $800 mil y US$8.000 en efectivo, hecho que deberá ser explicado por el funcionario judicial.
González, además de denunciante, fue aceptado como querellante particular.
Por ahora, el funcionario acusado permanece en sus funciones. Al respecto, la fiscal Schianni señaló: «Ése es un resorte administrativo que depende de la Procuración General de Justicia de la Nación. Seguramente se abrirá alguna medida disciplinaria para investigar y analizar la situación. No está previsto su apartamiento; además, como lo expresa la Constitución Nacional, todos somos inocentes hasta que se demuestre la contrario».
Antecedentes
Viaut tiene entre sus antecedentes haber participado en la investigación de la muerte del conscripto Omar Carrasco, hacia fines de los años 90, cuando fue fiscal en la localidad neuquina de Zapala. Su desempeño le valió cuestionamientos y hasta una denuncia de asociación ilícita (junto al juez federal Rubén Caro), que se archivó.
En 2009 fue trasladado por el entonces procurador General, Esteban Righi, a la flamante Fiscalía Federal de San Francisco. Juró ante el juez Rebak, el mismo que autorizó los allanamientos de la semana pasada.
En 2017 fue denunciado por el exjuez federal Mario Garzón, quien sospechaba que Viaut hacía “arreglos” y las causas no avanzaban. Pese a todo, esa denuncia no prosperó.
En la Justicia provincial, la jueza de Río Segundo Susana Martínez Gavier quedó a un paso del juicio político
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba elevó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia (jury) un pedido de juicio político contra la jueza en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Segundo, Susana Martínez Gavier, por mal desempeño.
Los hechos que sustentan la denuncia surgen de las actuaciones administrativas remitidas por la Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia, iniciadas con motivo de la remisión de la denuncia tramitada ante el Tribunal de Ética provincial.
Según se denunció oportunamente, se le achacan a la magistrada sus estrechos vínculos con el ex intendente de Pilar, Diego Bechis, en momentos en que éste fue imputado y detenido junto a funcionarios y concejales de esa localidad. La relación incluía conversaciones que quedaron reflejadas en WhatsApp, en las que había un trato de confianza entre ellos. La jueza llegó a asesorar al intendente sobre la estrategia a seguir en el expediente penal en el que se lo acusaba.
Asimismo, el organismo deontológico de magistrados y funcionarios comprobó que Martínez Gavier recibió de regalo de parte de Bechis una mesa de madera. Opinó que esta “cortesía” está reñida con las normas ética que rigen a la magistratura.
En su descargo, la magistrada dijo que mantenía un vínculo exclusivamente “funcional” con el intendente.
No obstante sus dichos, el Tribunal de Ética consideró en aquella oportunidad que de las capturas de pantalla surgía claramente que en algunas oportunidades trataban cuestiones que iban más allá de lo funcional. [/privado]
