ESCUCHARTres efectivos de la Policía de Córdoba fueron imputados por homicidio calificado tras la muerte de Guillermo Bustamante en un confuso episodio ocurrido el lunes en una estación de servicio del barrio Villa Páez, en la ciudad de Córdoba.
El fiscal Guillermo González tomó la decisión tras analizar los testimonios, los registros fílmicos incorporados a la causa y los resultados parciales de la autopsia. La investigación se encuentra en trámite en la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno, Turno 2.
Los imputados son un oficial subinspector, un oficial ayudante y un cabo, acusados de homicidio calificado por abuso de sus funciones como miembros de las fuerzas policiales, en calidad de coautores (artículos 45 y 80 inciso 9 del Código Penal). Además, un oficial inspector fue imputado por encubrimiento agravado por no denunciar un delito y por su condición de funcionario público (artículos 45, 54 y 277 inciso 1 apartado d) e inciso 3 apartados a) y d) del Código Penal). También se imputó a un sargento por omisión de los deberes de funcionario público (artículos 45 y 248 del Código Penal).
La investigación sigue en curso, y aún restan incorporarse pruebas que podrían modificar la situación procesal de los imputados.
Agustina Daiana Escotorin, viuda de Bustamante, expresó su conformidad con el avance de la causa, aunque visiblemente afectada por la conmoción del hecho. “No descansaré hasta que paguen todos los culpables”, aseguró.
El abogado de la familia, Carlos Nayi, calificó el caso como un “grave hecho de violencia institucional” y destacó la importancia de esclarecer las responsabilidades. Explicó que la familia solicitó ser querellante en la causa con el objetivo de evitar que otras personas sean víctimas de apremios y abusos ilegales por parte de la fuerza pública.
“La querella pide que esta muerte, injustificada y derivada de un claro abuso de la Policía de Córdoba, se enmarque dentro de un contexto de violencia institucional. Los familiares directos, en especial la viuda, son una referencia clave para entender las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”, sostuvo Nayi.
El abogado subrayó la necesidad de determinar con precisión el rol de cada uniformado en los hechos, así como sus acciones antes y después del episodio.
