En Tartagal, Salta, la ex directora de la Oficina de la Mujer y Diversidad de la comuna y una empleada están bajo pesquisa por reclamar 10 mil pesos, por un lapso de seis meses, a cambio de no dar de baja apoyos económicos
En Salta, el juez de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, imputó por el delito de concusión (exacciones ilegales) a la ex directora de la Oficina de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, Claudia Cordero Soria, a la empleada de esa dependencia Sandra Domínguez y su hijo, Lautaro Hurtado, en el marco de una audiencia de formalización de la investigación en la que la fiscalía consideró que existen pruebas que los involucran en la exigencia de dinero a las beneficiarias de planes sociales.
Los cargos los formuló la semana pasada el agente José Luis Bruno, de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, quien lleva adelante el caso desde noviembre de de 2022, cuando un portal informativo de la red social Facebook reveló irregularidades en el Programa Acompañar.
Al presentar el caso, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó que a partir de aquella publicación se inició la investigación de oficio y señaló a Cordero y Domínguez como las principales responsables de las maniobras.
El fiscal sostuvo que el ardid consistía en exigir pagos de dinero a cambio de no dar de baja a los planes sociales y precisó que las beneficiarias debían entregar una suma de 10 mil pesos por un lapso de seis meses para retener la ayuda económica dispuesta por el Estado Nacional.
En esa línea, indicó que se comprobó que el dinero exigido era depositado en una cuenta bancaria perteneciente a Hurtado y que la denuncia posterior de una damnificada confirmó la modalidad delictiva.
Puntualizó que la denunciante, una víctima de violencia de género, narró quecontactó a Domínguez por su situación y que la imputada le informó que desde la Oficina de Mujer y Diversidad del municipio local podían asistirla, e incluso le comunicó que recibiría la ayuda económica del Programa Acompañar.
La mujer dijo que la encartada la instruyó para que depositara la asistencia en una cuenta bancaria que le aportó, que pertenecía a una persona de apellido Hurtado, y aclaro que luego de unos meses dejó de acatar la orden de Domínguez porque tomó conocimiento que no correspondía que cediera dinero.
Añadió que ello generó una discusión, primero con Domínguez y posteriormente con Cordero, ante quien acudió al advertir la irregularidad pero que, sin embargo, no hizo nada al respecto, razón por la cual también la denunció.
El programa Acompañar pertenece al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y tiene como objetivo “promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género” a través de la entrega de un monto mensual.
Violencia
En la causa, otras denuncias plantean que los imputados falseaban el estado de riesgo de violencia de género de algunas beneficiarias, con el fin de generar la ayuda económica, de la cual sacaban un provecho propio.
En ese marco, entre otras medidas, la fiscalía le solicitó al juez el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los investigados.
Cordero fue la única que accedió a declarar y negó su participación en el delito. No obstante, y de acuerdo a la carga probatoria exhibida por la Fiscalía, el juez hizo lugar a su imputación y a la del resto de los implicados, como también a las medidas de coerción requeridas, como el compromiso de colaborar con la investigación y la prohibición de salir del país.
