Imponen a bancos gastos y honorarios por el «corralito»

Tras hacer lugar a un amparo deducido por dos ahorristas con motivo del “corralito financiero” de enero del 2002, el Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba ordenó que los bancos accionados afronten los gastos y honorarios del juicio, justificando tal determinación en el “tiempo trascurrido” a la fecha desde fines de 2006 -cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó resolución en el caso “Massa” que decidió la suerte de todos los demás procesos sobre este tópico-, sin que las entidades demandadas hayan arribado a un acuerdo con las amparistas sobre el conflicto.

El pronunciamiento recayó en la causa promovida por María Angélica y María Teresa Ahumada, donde el juez Ricardo Bustos Fierro declaró el derecho de éstas a obtener del Banco Provincia de Córdoba y Nuevo Banco Suquía SA –conforme el citado caso “Massa”- “el pago de una suma de dinero resultante de aplicar el monto de diferencia reclamado, valores originariamente depositados en moneda extranjera y retirados mediante pesificación a razón de $ 1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER, desde la pesificación hasta el momento de su efectivo pago, más la aplicación de dicho monto, de intereses a la tasa del 4% anual –no capitalizable- por igual período, con el límite pecuniario del valor del dólar libre tipo vendedor casa de cambios”.

A diferencia de los anteriores amparos de esta especie, se condenó a las citadas instituciones crediticias a abonar las costas del proceso, en tanto, “teniendo en cuenta que el fallo del Alto Tribunal fue dictado el 27 de diciembre de 2006 y no obstante ello y el tiempo transcurrido, la entidad demandada no ha arribado a un acuerdo en los términos expuestos por la CSJN, no se advierten razones para apartarse del criterio objetivo de la derrota, previsto en el artículo 68 del Código Procesal Civil de la Nación, procediendo imponer las costas a la entidad accionada”.

CRITERIO
El tribunal referido cambió su criterio habitual al respecto, basándose en la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema en el leading-case “Massa”, que allana el camino hacia una solución del problema.

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