ESCUCHAREn el marco de los primeros pasos legislativos para analizar la reducción de la jornada laboral, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) elaboró un informe sobre las condiciones laborales de los argentinos, en el que advirtió que seis de cada 10 personas en el país trabajan menos de ocho horas diarias.
A la fecha, Diputados tiene bajo estudio siete proyectos: cinco del kirchnerismo, uno de la izquierda y otro del socialismo.
Al respecto, el Idesa consideró que “el debate instalado por el Gobierno” no tiene en cuenta “una realidad” que marca que “dos de cada tres trabajadores realizan tareas por menos de 40 horas semanales”, lo que “tornaría abstracta la discusión para la mayoría de los asalariados”.
Ordenar el Estado
En tanto, sostuvo que en este momento es prioritario ordenar el Estado y las instituciones laborales para “crecer con más empleos de calidad”.
El estudio resaltó que la Encuesta Permanente de Hogares del Indec observó que en 2023 15% de los asalariados trabajó más de 48 horas semanales; 19%, entre 40 y 48, y el 66% restante, menos de 40.
En esa línea, el instituto precisó que en la Argentina dos de cada tres trabajadores ya cumplen jornada reducida.
Por otro lado, advirtió que para achicar el día de trabajo a seis horas, la productividad de las empresas debería crecer 33% y que, en caso contrario, una medida como la que se está tratando “se trasladaría a los precios”.
“El problema no es que hay trabajadores que trabajan mucho y que les quitan empleo a otros, sino que hay una severa escasez de buenos empleos”, subrayó, y planteo que el principal desafío pasa por “multiplicar empleadores” e “inversiones productivas”.
Costos
Hace poco más de dos años, en el marco de la campaña para las legislativas, cuando se comenzaron a impulsar iniciativas de reducción de la jornada, el por entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pidió ser “cuidadosos”.
Estimó que, si no se modifica el sueldo, una reducción de ocho a seis horas “equivale a aumentar el salario horario un 33%” y alertó: “Seguramente muchas empresas pueden absorber ese costo, pero también seguramente muchas pymes no”.
En tanto, ya en plena escalada inflacionaria (y al igual que el Idesa) advirtió sobre el riesgo de que más costo laboral se traslade a los precios.
“Si uno quiere resolver esto en cinco minutos, lo más probable es que se generen más problemas”, opinó en referencia a los proyectos existentes en 2021. Además, sostuvo que en muchos de los países donde se implementó la merma de horas también se redujo el salario y consideró que una medida así en Argentina era “impensable”.
La reunión de comisión de la Cámara Baja se hizo el martes de la semana pasada y la Unión Industrial Argentina (UIA) se pronunció en contra del avance de las iniciativas.
Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la entidad, cuestionó su para qué y pidió discutirlas en el marco de los problemas que tiene el país.
Sobre la comparación con países que ya motorizaron la merma de horas, argumentó: “La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”.
“El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”, concluyó.
En tanto, el Grupo de los 6 (G6) -la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la UIA- fustigó la creación de normas potencialmente perjudiciales para la generación de empleo formal.
En un comunicado, consideró que una modificación de la estructura laboral como la reducción de la jornada requiere un “debate responsable” con la participación de “todas las partes involucradas” y apuntó a la necesidad de no apresurar el tratamiento de iniciativas “por las presiones coyunturales de la política electoral”.
El grupo resaltó que la brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países desarrollados es cada vez mayor y estimó que Argentina “debería estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal, generar empleo formal y promover incentivos al trabajo”, entre otras medidas, antes de discutir una reforma como la que impulsan el oficialismo, la izquierda y el socialismo.
Según precisó el G6, Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal empleador y una merma en la jornada podría redundar en más impuestos.
Paralelamente, pidió que los debates se den en el marco de discusiones tripartitas (sector empleador, sindical y Gobierno), tal como surge del compromiso que tiene el país para con las disposiciones del Convenio 144 de la OIT en la materia.
Pymes
Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó la iniciativa, aunque puso reparos.
El vocero de la entidad, Salvador Femenía, coincidió con la necesidad de modernizar la legislación laboral, pero dijo que “no es atinado” alentar la discusión en el actual contexto político y económico.
“Tenemos que ir a un promedio de menor cantidad de horas, pero hace falta adecuar la situación macroeconómica para tener otro panorama y otra previsibilidad”, aseguró.
Femenía subrayó que muchas pymes están atravesando “penurias” y advirtió que una eventual legislación que baje las horas podría generar, en lo inmediato, un aumento de costos.
