Honorarios mínimos al síndico en pequeño concurso concluido por falta de acreedores

El tribunal entendió que los estipendios ya se habían reducido al nivel de un sueldo de secretario judicial, con lo cual era imposible una mayor reducción del valor mínimo a pagar

En el marco de un pequeño concurso preventivo, en el que se dictó la conclusión del proceso por ausencia de acreedores, la Cámara 2ª en lo Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación presentada por el concursado, quien había fundado su agravio en que los estipendios regulados a favor de la sindicatura eran desproporcionados, con una irrazonable valoración de las pautas cualitativas

El tribunal integrado por los vocales Silvana María Chiapero, Delia Inés Rita Carta de Cara y Fernando Martín Flores, al analizar la apelación presentada, indicó que conforme la perspectiva interpretativa, cuidadosamente estricta, sobre la perforación aún mayor de la ya practicada por el a quo -reducción a un sueldo de secretario de primera instancia-, del mínimo arancelario previsto por la ley -dos sueldos de secretario, artículo 266 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ)-, con sostén en la supuesta desproporción entre la importancia del trabajo realizado por la sindicatura y la retribución resultante no es de recibo, máxime cuando no se ha explicitado la concreta concurrencia en el caso de tal desproporción.

Razones

Al respecto, el tribunal precisó que el quejoso no ha dado razones de peso que autoricen a privar a los profesionales de la regulación mínima (ya morigerada en 50%) prevista por el ordenamiento concursal (artículo 266 LCQ) para la tramitación íntegra del proceso universal, salvo la alusión a la sencillez del proceso, ausencia de acreedores insinuados y exigüidad del pasivo denunciado.

Así, en el fallo se consideró que tal argumentación es insuficiente, ya que para apartarse de los mínimos previstos por el legislador es menester que concurra una hipótesis excepcional -por escapar de lo ordinario- que conduzca a situaciones absurdas e irrazonables cuya demostración recae íntegramente en quien pretenda beneficiarse con la reducción.

Asimismo, la cámara valoró que el examen de las constancias del expediente revela que si bien el presente proceso concursal ha tenido un desarrollo “cajonario”, atento a que no se ha suscitado ninguna cuestión jurídica de relevancia y que no se han iniciado incidentes ni insinuaciones, la sindicatura actuante desarrolló responsablemente las funciones que la ley le otorga, situación que de ninguna manera justifica una regulación inferior a la fijada en la anterior instancia.

Tope

A su vez, la alzada remarcó que el tope mínimo de dos sueldos previsto en el artículo 266 LCQ garantiza mínimamente una justa contraprestación por los trabajos profesionales efectivamente realizados en un proceso concursal, por lo que las circunstancias apuntadas de ausencia de acreedores, estuvieron en la causa del correcto temperamento del juez a quo de proceder a la perforación de dicho mínimo y consecuentemente de fijar en solo un sueldo de secretario para retribuir a la totalidad de los funcionarios que intervinieron en el proceso universal.

En esa dirección, el decisorio apuntó que la ley ha pretendido asegurar a los funcionarios un mínimo retributivo “despegado” de las contingencias porcentuales en los concursos, en miras a asegurar una retribución justa a esos profesionales cuya causa proviene de actuación en beneficio común de todos los intervinientes.

Por las razones expuestas, se precisó que los honorarios mínimos encuentran fundamento en que no son extraños a los ordenamientos arancelarios no concursales, no acarrean resultados inequitativos pues la intervención de profesionales especializados importa el montaje de una organización con costos fijos lo que justifica que se les garantice la percepción de mínimos que los compensen, el deudor que pretende beneficiarse con la apertura de un concurso preventivo debe ponderar de antemano que el procedimiento colectivo supone una suma fija mínima de honorarios.

Tramitación

Igualmente, la cámara sostuvo que, si bien la regulación general por la tramitación íntegra del proceso concursal no puede ser inferior a dos sueldos de Secretario de Primera Instancia, en el caso la circunstancia de ausencia de acreedores insinuados provocó la morigeración a solo un sueldo, lo que contempla la menor proporción de la faena profesional desplegada durante las etapas cumplidas.

Por otro lado, los camaristas valoraron valoró que el parámetro del pasivo denunciado no merece consideración pues solo encuentra refrendo en los dichos del concursado apelante, ya que la ausencia de acreedores impidió la determinación del pasivo verificado al que remite la ley como vara regulatoria (no superior a cuatro por ciento del pasivo verificado artículo 266 LCQ).