ESCUCHARLa Cámara en lo Contencioso-administrativo habilitó ayer la feria judicial para tratar una cuestión de competencia en la causa que inició una mujer en reclamo de que se incluya su patrón de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) dado que su hijo le fue sustraído en 1983.
Fuentes judiciales indicaron que los camaristas Pablo Gallegos Fedriani (foto), Jorge Alemany y Guillermo Treacy accedieron al pedido de la mujer para que durante el receso se determine si debe intervenir en la causa la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre o el magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral.
El expediente se inició ante un pedido de Marta Inés Miravete Cicero, quien reclamó por la vía judicial que sus datos genéticos sean añadidos a los ya existentes de familiares de víctimas de la última dictadura cívico- militar pero en todas las instancias su reclamo fue rechazado.
Miravete refirió que el 6 de septiembre de 1983, cuando tenía 19 años, pocos meses antes de la asunción del primer gobierno democrático posterior a la dictadura cívico-militar, dio a luz a un varón en la casa de una partera en el barrio porteño de La Recoleta.
«Después, esta mujer no me dio a mi bebé aduciendo que había nacido muerto sin dejarme llevar su cuerpo para darle una cristiana sepultura”, dijo. Miravete Cicero añadió: «Fui amenazada, coaccionada a dejar ese lugar, yo no pude verlo ya que estaba con calmantes y medicada. Pero tengo en mi mente que en los minutos del nacimiento sentí su llanto de lejos”.
En su búsqueda, Miravete Cicero pidió que “se ordene el ingreso de su material genético a la base de datos para su posible y eventual entrecruzamiento con el de cualquier persona que allí pudiese presentarse, y se tratase de su hijo o hija” ya que «la sustracción de un menor en cualquier circunstancia que fuese consiste en un delito de lesa humanidad».
