La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso-administrativo Federal, integrada por los jueces Marcelo Duffy y Jorge Morán, confirmó la abstención que se le impuso a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para convocar o tramitar procedimientos de selección de fiscales bajo la modalidad prevista en el reglamento vigente, al entender que existe peligro de que la funcionaria lo emplee “para direccionar injustificadamente” los mecanismos de selección.
La alzada desestimó el recurso de la Procuración y replicó las argumentaciones del juez de primera instancia, que en su momento hizo lugar a la cautelar requerida por la asociación civil Será Justicia.
“En la mayoría de los procedimientos de selección llevados a cabo en los términos de la resolución 751/2013 la presidencia del tribunal evaluador fue ejercida por la propia procuradora y en varias ocasiones se repitieron algunos integrantes del jurado”, plasmó la Cámara.
En esa línea, valoró que la necesidad de velar por la existencia de sistemas de selección transparentes y libres de toda sospecha, en pos del fortalecimiento de las instituciones de la Nación y en salvaguarda de la primacía de la Constitución Nacional, impone que se afiancen los recaudos para impedir vicios.
“En consonancia con lo afirmado, el juez de grado rememoró que la comprobación de disposiciones que exhibían una ‘manifiesta arbitrariedad e ilegitimidad’ era lo que habilitaba la revisión judicial de un concurso”, precisó la Cámara, acotando que la evaluación que hizo el inferior respondió y se atuvo a las pautas y líneas directrices que ha fijado la Corte Suprema en su jurisprudencia.
De esa manera, le ordenó a la Procuración General de la Nación no iniciar nuevos trámites para la selección de fiscales hasta tanto se resuelva la cuestión fondo, sobre la constitucionalidad del procedimiento establecido en el reglamento.
Traslados
No obstante, revocó la suspensión de los procedimientos actualmente en trámite y la prohibición de disponer nuevos traslados de jurisdicción de agentes hasta que el litigio finalice.
Gils Carbó afronta varios pedidos de juicio político y uno de los cuestionamientos es que haya designado fiscales para cargos vacantes menores, que después terminaron subrogando en fiscalías mucho más importantes.
Así sucedió, por ejemplo, con el ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien concursó y ganó para desempeñarse ante un tribunal oral de Formosa pero fue trasladado para encabezar aquella repartición.
Gonella está procesado por prevaricato, por su intervención en los primeros pasos de la instrucción de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, y actualmente se desempeña como fiscal en Córdoba.
