Leonardo Cositorto es el principal acusado de asociación ilícita y estafas reiteradas. La acusación involucra más de 170 hechos. Los magistrados rechazaron declinar la competencia reclamada por la defensa.
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero (en ejercicio de la competencia atribuida como Cámara de Acusación) confirmó la elevación a juicio de la causa contra Generación Zoe, en la que Leonardo Cositorto se encuentra como principal acusado de liderar una organización que estafaba con un esquema tipo Ponzi.
El tribunal consideró que las pruebas reunidas hasta el momento lograron determinar, con el grado de probabilidad exigido para este momento procesal, que las conductas de los imputados Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista, Norman Prospero, Julieta Sciutti y Andrea Sánchez, entre otros, configurarían los delitos que les imputan de asociación ilícita y estafas reiteradas.
La resolución también remarca que, para que proceda el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa, las causales deben ser evidentes, es decir, que “al tribunal no le debe quedar duda de la falta de responsabilidad de los imputados”.
En este sentido, la Cámara consideró que, en la presente causa, no hay elementos suficientes para sostener “la certeza negativa” respecto a la falta de responsabilidad penal de los coimputados Prospero, Sánchez, Cositorto, Batista y Sciutti.
“En efecto, de las circunstancias referidas podemos sostener que existen elementos suficientes con grado de probabilidad para elevar las actuaciones al debate oral, por ende, se debe rechazar el recurso formulado por los defensores y elevar la causa a juicio”, enfatizó el tribunal.
La Cámara también descartó un pedido de declinatoria de competencia, que buscaba remitir las actuaciones a la jurisdicción federal y rechazó distintos planteos de nulidad y cese de prisión solicitados por la defensa.
Resta ahora que la Cámara del Crimen de Villa María fije la fecha para el inicio del debate oral.
Cabe destacar que Cositorto, acusado como líder de esta organización, lleva detenido más de dos años en el penal de Bouwer, en Córdoba, en una causa que tiene más de 20 imputados. La causa se inició en Villa María, con el allanamiento de la oficina local y la detención de sus responsables, pero luego se ramificó a otras provincias e incluso otros países en los que Cositorto y sus socios pusieron en marcha un mismo esquema de captación de ahorros con promesas de altos rendimientos.
El pedido de juicio es por más de 170 hechos con cerca de 80 damnificados que, solamente en Villa María, sumarían más de ocho millones de pesos y medio millón de dólares de perjuicio.