El juez federal Daniel Rafecas comenzó a instruir una causa penal por supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.
Por el caso se presentaron tres denuncias en los tribunales de Comodoro Py. Rafecas fue sorteado para investigar la primera, promovida por el abogado Santiago Dupuy de Lomé en contra del ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y los funcionarios que tuvieron injerencia en la licitación, por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Luego de que el fiscal Carlos Stornelli impulsara la investigación, Rafecas firmó órdenes de presentación en IEASA, Enargas y en la Secretaría de Energía para obtener el pliego.
Los presuntos hechos de corrupción trascendieron el fin de semana, en medio de una nueva interna del gobierno nacional.
El sábado, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Kulfas y el funcionario dimitió.
El cambio en el gabinete se concretó luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionara públicamente una información que definió como “off the record”, cuya autoría y difusión le atribuyó a la cartera productiva.
El escándalo comenzó a gestarse el pasado viernes, luego de que Fernández Kirchner fustigara al primer mandatario durante el acto por el centenario de YPF y le exigiera que “usara la lapicera”.
Los dichos de la dirigente generaron acusaciones en contra de funcionarios que responden a ella por, según expusieron las versiones, diseñar el pliego de licitación del gasoducto “a medida” de Techint.
El lunes trascendió el tenor de la carta de renuncia de Kulfas, quien entre otras cosas, escribió: “Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la vicepresidenta. Fueron declaraciones en ON registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la vicepresidenta le formulara al presidente al señalarle que tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueron adoptadas por IEASA”.
Los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y Graciela Ocaña y la Fundación Apolo también formularon denuncias por las presuntas irregularidades.
La presentación de Ocaña y Wolf se enfoca en Agustín Gerez, el presidente de Energía Argentina SA que responde al subsecretario de Energía, Federico Basualdo. Los legisladores plantearon que Kulfas debería ser citado como testigo.
En tanto, la denuncia de la Fundación Apolo apunta contra el directorio de Enarsa, para que se determine si se direccionó la licitación para la compra de los caños necesarios para ejecutar la obra.
Si bien recayeron en otros juzgados, es probable que se unifiquen con el expediente que ya instruyen el juez Rafecas y el fiscal Stornelli.
