Ganancias: quien preside el Tribunal de Cuentas paga como los jueces

La Justicia federal de Paraná ratificó que el funcionario tributará dentro del régimen en que lo hacen los magistrados de la provincia de Entre Ríos

La Cámara Federal de Paraná confirmó que el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos debe pagar el Impuesto a las Ganancias, pero con el régimen con que lo abonan los jueces provinciales.

En el caso, el funcionario demandó contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a fin de hacer cesar la situación de incertidumbre que existe sobre la base imponible que debe tomar la Administración para efectuar la determinación del Impuesto a las Ganancias sobre sus remuneraciones y, en consecuencia, se declare que la base imponible sea compatible con la que rige para las retenciones de las remuneraciones de los magistrados judiciales que tributan dicho impuesto.

El juez de grado hizo lugar a la acción promovida, con costas a la demandada y contra dicha decisión se apeló la autoridad fiscal de la Nación.

En el caso se recordó que la ley 27346, sancionada en diciembre de 2016, estatuye la imposición del tributo de marras por el desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos y de Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del 2017, inclusive. Según consta en la causa, el funcionario asumió como presidente del Tribunal de Cuentas el 20 de diciembre de 2020.

El accionante sustentó su reclamo en una acordada de 2019 del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, la cual establece que “la determinación del impuesto a las ganancias deberá realizarse única y exclusivamente sobre el ítem denominado asignación básica y por todos los adicionales que de este único concepto dependan y en igual proporción”.

Funciones

Los jueces Mateo José Busaniche, Cintia Graciela Gómez y Beatriz Estela Aranguren destacaron que las funciones del Tribunal de Cuentas “se enraizan constitucionalmente como un organismo de control del sector público provincial y cuenta con similares inmunidades y parámetros a los estipulados” para los jueces provinciales.

Asimismo, los magistrados subrayaron que el nombramiento, remoción y equiparación de haberes a los del Poder Judicial “determinan un status de la función que la Constitución Provincial expresamente contempla”.

“Al tener el cargo del actor un paralelo con el de magistrado del Poder Judicial de la Provincia, tanto en los aspectos de nombramiento, remoción y remuneración, status que le otorga la Constitución Provincial, corresponde que se le apliquen las mismas pautas liquidatorias que a los magistrados provinciales, a fin de la determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto a las ganancias”, concluyó la sentencia.