ESCUCHARComenzó ante el Tribunal Oral Federal 1 -integrado por los jueves Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg- el mega juicio que buscará esclarecer si hubo una defraudación al Estado detrás del programa “Fútbol para Todos”, la iniciativa que se lanzó durante la primera administración de Cristina Fernández de Kirchner, en 2009, para la televización pública de partidos.
La causa se generó hace poco más de una década, en mayo de 2014, a raíz de una denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña, quien cuestionó las modificaciones en el convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el gobierno kirchnerista, así como el irregular manejo de la pauta publicitaria y la asignación discrecional de distintos canales de televisión para la transmisión.
Por el caso se sentaron en el banquillo los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich (por Zoom); el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y dirigentes de la (AFA), entre otros.
En 2009, Fernández de Kirchner anunció el acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Estuvieron presentes Diego Maradona y el por entonces titular de la entidad, Julio Grondona. En esa oportunidad, la ex jefa de estado dijo que se dio un paso “en la democratización de la sociedad” porque, a su entender, no era posible que solamente los que pagaban pudieran ver partidos y que los goles se “secuestraran”.
La AFA le cedió al gobierno la comercialización de los derechos televisivos. El virtud del pacto, según se promocionó, los partidos televisados serían gratuitos y abiertos, los clubes recibirían recursos para sanear sus cuentas, se generarían fondos excedentes para financiar el deporte olímpico y se instrumentarían políticas para mejorar la seguridad en los estadios.
Poco después, en febrero de 2010, el gobierno resolvió, sin acto administrativo, emitir publicidad oficial, desfinanciando el programa.
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que forma parte de la causa indicó que en apenas cinco meses “las promesas de ‘gratuidad’ y los ‘excedentes’ ya eran una irrealidad” y que la iniciativa “demandó del erario público unos $8.596 millones, casi 1184 millones de dólares en valores constantes”.
En el tramo de la causa por administración fraudulenta agravada se investigaron las irregularidades y el destino de los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA porque eran cambiadas en “cuevas” previamente seleccionadas.
Al resolver la elevación a juicio reclamada por el fiscal Eduardo Taiano, la jueza María Servini afirmó: “Lo que en su origen fue programado como una operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social (masiva difusión del deporte más popular del país en forma gratuita y fortalecimiento de las entidades que debían beneficiarse con los ingresos televisivos), con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de política de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa Fútbol Para Todos más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos, por cuanto ha quedado demostrado que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras”.
Cabe destacar que, según se comprobó durante la instrucción, el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente y no cancelaron sus deudas con el Fisco.
Además, se acreditó que pese a los “ingentes esfuerzos presupuestarios” del estado tampoco se alcanzó el propósito correspondiente a la televisación gratuita del fútbol en todo el país, no sólo porque muchos de los encuentros fueron difundidos por señales de cable, sino porque durante la ejecución del convenio los partidos de las divisionales de ascenso (Nacional B y Primera B Metropolitana) fueron nuevamente cedidos a una empresa privada.
A ello se suma una larga lista de irregularidades y desmanejos.
La acusación está a cargo del fiscal Miguel Ángel Osorio y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
