ESCUCHARDespués del mediodía comenzó el debate en el recinto. El oficialismo defendió el sistema acusatorio mientras que la oposición continuó sosteniendo que “se persigue la impunidad de los funcionarios K”.
En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados de la Nación se aprestaba anoche a convertir en ley la reforma del Código Procesal Penal.
El debate comenzó pasado el mediodía. Mientras el oficialismo defendió el pase de un sistema inquisitivo a otro acusatorio, en el cual el peso de las investigaciones recae en los fiscales y se apuran los tiempos judiciales, la oposición repitió los discursos de rechazo al proyecto oficial por entender que persigue la impunidad de los funcionarios.
Al abrir la discusión, la diputada Graciela Giannettasio, presidenta de la Comisión de Justicia, defendió el cambio y dijo que «el nuevo Código pone a la víctima en el centro de la escena”.
En este sentido, agregó: “Apunta a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites. El actual sistema inquisitivo impone el peor proceso de revictimización, no se sabe qué pasa con la investigación, cuándo va a terminar el proceso. La víctima vive degradada y no tiene justicia”.
Ante las palabras de Giannetassio, la oposición lanzó duras críticas. Para Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda y los Trabajadores, FIT), «el Código Procesal Penal es claramente discriminatorio con los inmigrantes, a los que se les puede expulsar rápidamente del país por delitos de flagrancia. Hay un tinte racista que rechazamos profundamente». En tanto, el legislador radical Luis Petri apuntó contra la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, al considerar que se transformó «en el comisario judicial del Gobierno». Los diputados del Frente Renovador también acusaron a la procuradora de «concentrar el poder».
Por otra parte, el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, reclamó por la elección popular de jueces y fiscales. «Necesitamos una reforma del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal para que jueces y fiscales sean elegidos por la comunidad, de manera directa o indirecta», dijo.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich (Unión Pro), comparó la reforma con la “Ley Bignone de autoamnistía”, en referencia a la norma de protección que dictaron los militares al fin de la dictadura 1976-83.
«El oficialismo quiere colonizar la justicia. Nosotros no queremos meter bala. Queremos una justicia real; no queremos ir a un extremo”, expresó.
A su turno, la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria (Fpv), destacó que “en rasgos gruesos hay un acuerdo absoluto para pasar a un sistema procesal de corte acusatorio, donde el fiscal sea el que investiga y el juez resuelva frente a un imputado y un defensor”.
En esa línea, rechazó rasgos xenófobos en la legislación propuesta: «El Código tiene una mínima perspectiva que coayuda a que el extranjero que vino a delinquir opte por volverse a su país antes de afrontar un juicio».
En este marco, Conti aseguró: “Argentina es un país líder en materia de derechos humanos y en materia penal. Somos ejemplos, tenemos especialistas y hacemos códigos en todos los países de la región. ¿Cómo no vamos a hacer eso?..”.
Los puntos
Entre los principales cambios que introduce el proyecto, que ya fue aprobado en el Senado, está el paso del actual sistema inquisitorio a uno acusatorio, que incluye el rol de los fiscales como investigadores y de los jueces como garantes del proceso. La semana pasada, el proyecto obtuvo dictamen de comisiones. Desde su envío al Poder Legislativo, el proyecto original tuvo más 40 modificaciones. En el Senado, la iniciativa sumó 39 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención.
