Representantes de organizaciones judiciales que bregan por un mayor equilibrio de género en la composición de la Justicia criticaron con dureza las nominaciones para ocupar dos lugares en la Corte Suprema lanzadas por el gobierno de Javier Milei. Consideran que las candidaturas juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla no sólo acentúan una tendencia muy consolidada en la historia del máximo tribunal –sólo tres miembros fueron mujeres– sino que también van a contramano de normativas, algunas de ellas con jerarquía constitucional.
«La igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos Humanos y es condición indispensable para la consolidación democrática, el desarrollo económico y la paz social», precisó el su comunicado de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), presidida por Susana Medina.
La entidad que nuclea a las juezas de todo el país, reiteró enfáticamente lo expuesto por el preámbulo de la Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer, instrumento con jerarquía constitucional: “la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.”
María Eugenia Chapero, al frente de la Red de Mujeres para la Justicia, otra organización que nuclea a más de 400 juezas y funcionarias de la justicia federal y provincial, se manifiestó en el mismo sentido. “Uno de los objetivos de nuestro trabajo es perforar el techo de cristal, que es este fenómeno que se produce que a medida que vamos ascendiendo funcionalmente hay menos mujeres. Y esto viene a hacer palmaria la existencia exacerbada de estas dificultades de facto, de hecho, de las mujeres para ser elegidas para esos lugares más alto”, describió.