Fuero Contencioso-administrativo entiende en pleito contra concesionario de un centro deportivo

La Provincia opuso excepción para que el juicio no se ventilara en esa jurisdicción pero el tribunal entendió que -más allá de que se involucren normas de derecho probado- es el adecuado para tratar un contrato de carácter público

Luego de considerar la legitimación del apoderado de la actora Rofe SA, la Cámara 1ª Contencioso-administrativa de Córdoba rechazó la excepción de incompetencia opuesta por el Estado provincial y validó la competencia de ese fuero para tratar la rescisión contractual del convenio suscripto entre esa empresa y la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, por el cual se le otorgó a la firma la explotación del Centro Deportivo “Pucará”.

Las vocales María Martha del Pilar Angeloz y Gabriela Cáceres señalaron que la agencia celebró el referido acuerdo y que la firma fue representada por el presidente de su directorio, no habiéndose objetado dicho carácter. Por ello, en virtud de la teoría de los actos propios, se concluyó que el Estado no podía desconocer esa realidad y oponer excepción de falta de personería, que fue rechazada.

En cuanto a la incompetencia, el tribunal indicó que la fiscal expuso que en la actualidad ya no se habla de la doble personalidad del Estado: como persona de derecho público o de derecho privado, hoy aquélla es única aunque puede actuar en el campo del derecho público o en el campo del derecho privado como sujeto de una relación jurídico-pública o jurídico-privada. Así lo ha comprendido la jurisprudencia al reflexionar que “no todos los derechos vulnerados por actos del Poder administrador son susceptibles de producir una acción contencioso-administrativa. Es indispensable que ese derecho sea regido por el Derecho Administrativo y no por el Derecho Político, Civil y otros”.

Requisitos

La cámara puntualizó que para que exista jurisdicción contencioso-administrativa, entre otros requisitos, es necesario que el ejercicio de la potestad pública implique la aplicación de normas y principios de derecho administrativo.

En esa dirección, se analizó el contrato entre la agencia y la empresa y se destacó que importa en sustancia un contrato administrativo de concesión de uso especial de un bien del dominio público provincial, en tanto mediante aquél se otorgó a Rofe SA la explotación del predio en cuestión, por el plazo de diez años, con posibilidad de prórroga por cinco años más.

El fallo agregó que en otras cláusulas se dispuso la potestad de contralor de la agencia y que las mejoras quedarán de su exclusiva propiedad y a favor de los centros deportivos a la finalización de la vigencia del contrato, sin derecho de la empresa a reclamar indemnización alguna, evidenciándose un contrato administrativo de concesión de uso especial de un bien del dominio público provincial -no de un contrato de derecho común, como afirma la incidentista-.

Asimismo, se destacó que la cláusula quinta, relativa al “Contralor”, dispone: “La Agencia podrá en cualquier tiempo practicar visitas, realizar observaciones sobre las instalaciones, bregando por el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa en el presente Convenio”; y también de las cláusulas relativas a las facultades sancionatorias de que dispone la autoridad administrativa frente a los incumplimientos del concesionario.

Además, la alzada indicó que la naturaleza pública del contrato celebrado emerge con toda claridad de la lectura de la cláusula contractual que establece que la fijación del precio al público por el uso de las instalaciones del predio, será fijado por el concesionario que tiene a su cargo la explotación pero disponiendo que lo sea “de menor valor que los de mercado”, lo que evidencia el interés público que de manera indirecta persigue la celebración del contrato de concesión en cuestión.

Conclusión

En virtud de lo expuesto, el tribunal concluyó que, como lo sostiene el fiscal, el convenio celebrado entre las partes constituye, en sustancia, una concesión de uso especial de un bien del dominio público provincial, que es un contrato administrativo de atribución típicamente público y, como tal, regido por el ordenamiento jurídico de derecho administrativo.

Aun así, se subrayó que tal circunstancia no impide “la posible aplicación concomitante de las normas pertinentes del derecho privado, en tanto resulten compatibles, pero en modo alguno dicha recurrencia en forma integrativa o supletoria permite reputar configurada la causal de exclusión de la competencia especializada por aplicación del artículo 2 inciso ‘e’ de la Ley 7182 -como lo postula la incidentista-”.

En esa dirección, se apuntó que las obligaciones de las partes emergen de un indudable contrato administrativo, y que es el presunto incumplimiento de Rofe SA, actora en esta causa, lo que motivó la rescisión que aquí se cuestiona, plasmada en sendos actos administrativos.

Para el tribunal, éstos son susceptibles de lesionar un derecho subjetivo de carácter administrativo preexistente, nacido en cabeza de la firma actora en virtud de la relación contractual que la une con la demandada, “por lo que el asunto jurídico litigioso debe residenciarse en este fuero especializado en lo contencioso administrativo”, rechazándose la excepción de incompetencia opuesta al proceso por la demandada.

Autos: "Rofe SA c/ Agencia Córdoba Deportes - Plena jurisdicción" (Expte. N° 7201140)

El fallo Descarga

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