Fuero administrativo para reclamo laboral de un ex preso

Cuando obtuvo su libertad ambulatoria, el interno accionó por las tareas que prestó mientras cumplía condena en una unidad del Servicio Penitenciario Provincia La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió que es competencia del fuero Contencioso-administrativo el reclamo de índole laboral contra de la Provincia de Córdoba que el accionante planteó por las tareas que prestó mientras cumplía una condena en el Servicio Penitenciario, una vez que recuperó su libertad. [privado] El actor interpuso demanda laboral en contra del Estado provincial, reclamando su correcta registración laboral y el ingreso de sus aportes previsionales, además de diferencias salariales, horas extras, vacaciones, SAC e indemnizaciones de la Ley Nacional de Empleo. Ello, en razón de haber trabajado en el establecimiento penitenciario donde estuvo alojado durante casi tres años. A su turno, el Alto Cuerpo integrado por los vocales Aída Lucía Teresa Tarditti, Domingo Juan Sesin, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel, María Marta Cáceres de Bollati, Sebastián Cruz López Peña y Ángel Antonio Gutiez indicó: “Surge indispensable aclarar que cuando se producen conflictos en el contexto del desarrollo de esas actividades (considerando las particularidades de cada una), los internos deben canalizar los reclamos que estimen pertinentes por ante la Administración del Servicio Penitenciario, y luego por el órgano judicial con competencia para llevar adelante el control jurisdiccional”. En ese orden, el fallo sostuvo que “resulta que todo reclamo que tenga origen en supuestos fácticos acaecidos en el contexto de la ejecución de la condena impuesta, debe necesariamente presentarse y tramitarse por ante el Servicio Penitenciario, como requisito previo a los fines de acceder al control jurisdiccional de esa instancia administrativa”, derivando que “si el conflicto y/o reclamo cuya causa radica en las tareas o labores que desempeñó o desempeña el interno durante la ejecución de la pena, y se realiza en forma concomitante con esta, el control jurisdiccional debe requerirse por ante el Juzgado de Ejecución Penal”. Beneficio Sin embargo, el tribunal luego observó que distinto es el resultado cuando el interno ya había obtenido el beneficio de libertad (en cualquiera de sus modalidades) y decidió reclamar en virtud de una pretensión de carácter patrimonial, pues ese hecho clausuró la competencia de aquel fuero para resolver peticiones de tal tenor que la adquisición de la libertad en cualquiera de sus formas, poniendo fin a la aptitud de aquel juez para entender en los reclamos de carácter patrimonial que con posterioridad realice el interno, aun cuando la causa de la pretensión se base en los hechos suscitados bajo la órbita de aquella competencia. Así, se precisó que “con relación al caso planteado en autos, el señor Orts obtuvo la libertad con fecha 20 de agosto de 2013, y tal hecho, según se ha fundamentado precedentemente, relega la competencia material del fuero de ejecución penal, resultando incompetente para entender en la presente acción interpuesta por el señor Orts”, infiriendo que “habiendo quedado excluida la intervención del fuero de ejecución penal, de manera preliminar corresponde afirmar que el fuero laboral tampoco resulta competente para conocer en la acción interpuesta por el señor Orts en contra del Servicio Penitenciario de Córdoba”. Normas En ese sentido, el TSJ argumentó que existen normas “que vedan la competencia del fuero laboral para cualquier acción por la que se invocare una relación de dependencia con la Administración Pública nacional, provincial o municipal”, remarcando que la invocación de un hipotético vínculo laboral con la Provincia de Córdoba exige, a la vez, que la pretensión sea decidida a la luz de distintos complejos normativos de Derecho Público, Laboral, Penal y Procesal Penal; pero en todos los casos depende mayormente de dirimir si existe o no vínculo con la Administración y, en su caso, las consecuencias que de él pudieran derivarse. En resumen, se concluyó que “resulta indispensable que el fuero contencioso administrativo conozca en el supuesto de autos en virtud de lo dispuesto Art. 1 de la Ley Nº 7182, previo acreditar el acto administrativo cuestionado y/o, en su caso, instar el pertinente reclamo ante la Administración del Servicio Penitenciario por la vía procedimental que corresponda, como condición necesaria para tener por agotada la vía administrativa”. Finalmente, se resolvió que el fuero que debe intervenir en el conocimiento de la acción articulada, previo acreditar y/o satisfacer la instancia administrativa pertinente, es el fuero Contencioso-administrativo. Autos: “ORTS, FERNANDO DANIEL JESUS C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA (S.P.C) ORDINARIO -HABERES- CUESTIÓN DE COMPETENCIA” (Expte. SAC Nº 323336 [/privado]

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