Fondos de Anses pueden embargarse si no se afectan pagos a jubilados

Un tribunal de La Plata concluyó que la medida promovida por un particular podía concretarse, al contar el ente previsional con el dinero suficiente, más allá de lo necesario para la cobertura de sus distintos servicios. [privado] Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata determinó que un embargo contra los fondos de la Anses era procedente, siempre que no alcanzara al dinero que el organismo dirige mensualmente a pagar diferentes beneficios, salarios, asignaciones familiares o fondos de desempleo. La decisión fue adoptada en la causa “Amejeiras Armando Oscar s/ ejecución multas procesales y astreintes”, en la que los jueces constataron que no había impedimentos para que el reclamo de la actora fuera cumplido, ya que el ente estatal contaba con los fondos para que se efectúe la cautelar. Valores El tribunal argumentó que “el artículo 19 de la ley 24624 dispone que los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender erogaciones previstas en el presupuesto general de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos”. En tal sentido, se agregó que “se trata de una norma dictada por el Congreso de la Nación en ejercicio de las facultades de arreglar el pago de la deuda interna y de dictar la ley de presupuesto, lo que incluye la potestad de eximir de la ejecución y del embargo determinados bienes a fin de imponer pautas racionales en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado evitando el desvío de los recursos presupuestarios”. El fallo indicó que “el análisis integrativo de los citados dispositivos legales que convergen indisolublemente para la solución del caso, permite concluir, para decirlo con palabras de nuestro Tribunal cimero, que la finalidad perseguida mediante la sanción del artículo 19 de la ley 24624 fue evitar que la administración pueda verse sitiada, por imperio de un mandato judicial perentorio, en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en el de perturbar la marcha normal de la administración”. Orden “Sin embargo, de ello no se sigue que el Estado se encuentre fuera del orden jurídico que está obligado a tutelar ni que esté exento de acatar los fallos judiciales”, se expuso, añadiendo que “con particular referencia a las disposiciones que rigen la ejecución de sentencias contra el Estado, cabe tener en cuenta que el artículo 22 de la ley 23982 le impone al Poder Ejecutivo Nacional el deber de comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1º de abril de 1991, que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento”. La decisión sostuvo que, “el tiempo que autoriza al acreedor a ejecutar su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo”, esto es; “que la disposición transcripta fija el momento a partir del cual el acreedor está legitimado para embargar los bienes estatales susceptibles de ejecución y cobrarse sobre su producido”. [/privado]

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