La Fiscalía de Bolivia pidió este jueves seis meses de prisión preventiva para el gobernador del departamento de Santa Cruz y líder opositor, Fernando Camacho, detenido ayer por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el exmandatario Evo Morales.
El documento con la imputación formal presentada por el fiscal Omar Mejillones ante el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, publicado por la prensa boliviana, advierte peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones.
Camacho “no tiene un domicilio habitual”, presenta un “considerable flujo migratorio”, con salidas a Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos, Argentina y España, y su eventual liberación constituye “una facilidad para abandonar el país”, dice la imputación.
La defensa de Camacho, por su parte, tachó de “descabellada” la solicitud y destacó el “tiempo récord” en el que se realizó todo el procedimiento.
“Tiempo récord todo lo que ha operado el Ministerio Público desde el día de ayer para privarle de libertad al gobernador, para traerlo de forma violenta a la ciudad de La Paz. (…) Hay muchos aspectos que nos llaman la atención, que nos preocupan porque evidentemente no estamos viviendo un Estado de Derecho”, manifestó el abogado defensor Carlos Ledezma.
Camacho fue detenido ayer en Santa Cruz en el marco de la causa “golpe de Estado I” que lo investiga por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente, Evo Morales, y además fue denunciado hace semanas por promover el paro de más de 30 días en su departamento en reclamo de un censo nacional para 2023.
Hoy, el líder opositor invocó su derecho al silencio ante la Fiscalía y esperará la audiencia cautelar que establecerá si se defiende en libertad o desde la cárcel.
“Al no creer en la justicia boliviana y con la finalidad de que la declaración no sea distorsionada para buscar incriminar a alguien más prefiero defenderme por escrito”, aseguró Camacho, citado en un comunicado de la Gobernación de Santa Cruz.
Según explicó el Ministerio Público horas después del arresto, Camacho fue aprehendido, en el marco de un “debido proceso”, por el caso abierto a denuncia de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.