Fiscales buscan consensos para aplicación práctica del principio de no punibilidad

Agentes y funcionarios debatieron la cláusula del artículo 5 de la Ley de Trata de Personas. Analizaron aspectos de ese fenómeno criminal en cada región del país. Habrá más encuentros para establecer criterios y plasmarlos en un documento

Los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), encabezaron una reunión con agentes de distintos lugares del país e intercambiaron propuestas para la aplicación práctica del principio de no criminalización (no punibilidad) de víctimas de trata y/o explotación de personas, establecido en el artículo 5 de la ley 26364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. [privado]

Esa norma fija que las víctimas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata; y que tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificó.

El debate para fijar criterios se motorizó por la experiencia de casos de trata por explotación sexual y por explotación laboral en los que personas rescatadas -o que fueron sido víctimas en el pasado- fueron efectivamente imputadas por la comisión de ese delito contra otros.

El debate para fijar criterios se puso en marcha por la experiencia de casos de trata por explotación sexual y por explotación laboral en los que personas rescatadas -o víctimas en el pasado- fueron efectivamente imputadas por la comisión de ese delito contra otros.

La Protex elaboró un borrador del documento que, se espera, guiará a los agentes, y los alentó a hacer aportes.

Durante la reunión, Colombo destacó el liderazgo regional de Argentina en la aplicación del principio y estimó que es uno de los pocos países del mundo “preocupado por su correcta y oportuna implementación”.

El fiscal General indicó que hay que “cristalizar” trabajos y herramientas ya desarrollados y “establecer consensos” con “densidad conceptual” que puedan ser útiles para los operadores del sistema de Justicia.

Por su parte, Mángano habló de lo que definió como “las dos intersecciones” del principio: la temática de género (porque la cláusula se aplicó mayoritariamente a víctimas mujeres) y el narcotráfico, una actividad delictiva en la cual es habitual la explotación del estado de vulnerabilidad de las víctimas -obligarlas a transportar o a comercializar drogas ilegales-.

Lectura

Las lecturas del documento que hicieron los fiscales tuvieron relación con el abordaje territorial, ya que el fenómeno criminal de la trata de personas tiene distintas aristas en cada región del país.

En tal sentido, plantearon las dificultades que se presentaron en diferentes casos cuando promovieron la aplicación del principio y explicaron que los tribunales unipersonales y colegiados suelen apuntar a la falta de conexión entre el delito que se le imputa al encausado y el ilícito del cual fue víctima.

En general, la trata de personas está relacionada con la delincuencia organizada y anualmente mueve en el mundo cifras millonarias.

La Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional complementa el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), adoptado en el año 2000 a los fines de favorecer, mediante la cooperación internacional, las investigaciones y procedimientos penales, además de proteger y asistir a las víctimas.

Fue acogida en nuestro país mediante la ley 25632, sancionada en agosto de 2002, que también incluye el tráfico ilícito de migrantes.

La complejidad y las diferentes modalidades del delito, la situación de vulnerabilidad de las víctimas, así como el posible carácter transnacional del ilícito obligan a los Estados a asumir un papel activo a la hora de poner en marcha políticas públicas.

La capacitación a distintos niveles y con diversos enfoques y metodologías es vital para mejorar la eficacia en la prevención, la detección y la represión de la trata. [/privado]