Fijan plazo de prescripción para acción de recupero de una indemnización laboral

El tribunal dio su propio fundamento sobre el plazo de dos años que asiste a la aseguradora de riesgos del trabajo para recuperar lo que abonó por un accidente in itinere [privado]

La Cámara Civil y Comercial de Cuarta Nominación de Córdoba rechazó la apelación presentada por la actora, La Segunda ART, por la cual pretendía la aplicación de un plazo de prescripción decenal para la acción tendiente a recuperar lo abonado a un trabajador asegurado, quien había sufrido un accidente in itinere producido por responsabilidad de la demandada en autos.

Para así decidir la alzada aplicó, al igual que el a quo, un plazo de prescripción de dos años pero ya no fundado en el Código Civil vigente a la época del accidente sino en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), que específicamente regula esta acción de reintegro.

La aseguradora de riesgos del trabajo inició demanda de repetición de lo pagado con fundamento en el art. 39 inc. 5.° de la Ley 24557 (LRT), con motivo de las lesiones sufridas a raíz de un accidente de tránsito, que constituyó también accidente de trabajo “in itinere” por parte de un dependiente de la empresa asegurada.

En contra de la sentencia, que hizo lugar a la excepción opuesta por la demandada y declaró prescripta la acción de repetición promovida por la aseguradora, ésta dedujo apelación.

El tribunal integrado por los vocales Raúl Eduardo Fernández, Federico Alejandro Ossola y Viviana Siria Yacir , al ingresar al estudio de la apelación presentada por la demandada sostuvo que debía decidirse si efectivamente se encuentra prescripta la pretensión de cobro de lo abonado por la actora a Mariano Víctor Todescini, con motivo de un accidente de tránsito, en el que se sindica como responsable a la demandada y todo dentro del marco protectorio de la ley de riesgos de trabajo.

Discusión

Bajo esas premisas, la Cámara sostuvo que estaba en discusión la interpretación atribuible al artículo 44 de la mentada ley, que dispone: “Prescripción. 1. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral. 2. Prescriben a los 10 (diez) años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acreencias”.

Los camaristas observaron que el plazo decenal resulta ser residual y relacionado con los aportes patronales exigidos para financiar el sistema (art. 23, inc. 1°: “Las prestaciones previstas en esta Ley a cargo de las ART, se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador”).

El fallo relató que la jueza a quo optó por la hipótesis del plazo bienal, en tanto que la apelante sostiene la aplicabilidad del decenal.

Para sostener ese punto, destacó la Cámara que la prescriptibilidad de la pretensión de recupero encuentra en la LRT un microsistema que excluye la aplicación de las leyes generales.

Así, se sostuvo que la locución “acciones derivadas de esta ley”, contenida en tal microsistema, y en una interpretación sistemática, refiere, entre otros, al supuesto del art. 39 inc. 5°, en tanto dispone: “En los supuestos de los apartados anteriores, la ART o el empleador autoasegurado, según corresponda, están obligados a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones prescriptas en esta ley, pero podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado o contratado”.

Por ello, el tribunal resaltó que la norma antes citada explicita concretamente una acción de repetición (“pretensión ejercitable”), que surge de la propia ley e infirió que la acción de repetición de lo abonado prescribe a los dos años.

Asimismo, los camaristas observaron que el plazo decenal resulta ser residual y relacionado con los aportes patronales exigidos para financiar el sistema (art. 23, inc. 1°: “Las prestaciones previstas en esta Ley a cargo de las ART, se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador”).

En definitiva, en el fallo se resolvió el rechazo del agravio presentado por la actora por el cual pretendía la aplicación de un plazo de prescripción de diez años.