Lo acusan por irregularidades en el marco de la desaparición del joven riocuartense Nicolás Sabena. En esta ocasión, el jurado de enjuiciamiento estará presidido por el vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba Sebastián López Peña
El fiscal de Instrucción de Río Cuarto, Walter Guzmán, deberá afrontar desde el próximo lunes 31 un juicio político en el que está acusado de mal desempeño en sus funciones en el marco de la investigación por la desaparición y asesinato presunto del joven Nicolás Sabena.
Se trata del primer funcionario judicial que es enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial deCórdoba en lo que va del año. En esta oportunidad, integrarán el tribunal los legisladores oficialistas Walter Saieg y Oscar González; en tanto que Soher el Sukaria lo hará en representación del PRO y Vilma Chiappello por Córdoba Podemos. Por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba y presidiendo por primera vez un jury, el vocal Sebastián López Peña reemplazará a su par Aída Tarditti. La acusación será llevada adelante por el fiscal General Alejandro Moyano, quien la formuló.
Según adelantaron fuentes del jury a Comercio y Justicia, el proceso será breve y podrá demandar no más de un semana, aunque esto estará sujeto a la cantidad de testigos que finalmente declaren durante el juicio -que se desarrollará en la Sala Regino Maders de la Legislatura Unicameral de Córdoba-.
Graves denuncias
La apertura del juicio contra Guzmán fue una decisión que tomaron de manera unánime los miembros del jury.
La acusación de Moyano contra el fiscal de Río Cuarto es demoledora. En la denuncia presentada ante el jurado de enjuiciamiento lo acusa de “maltratar” a Rosa Sabena, madre del joven desparecido, y cometer graves irregularidades en la investigación.
“Cabe señalar que el reproche que aquí se hace no apunta al mérito que hizo de la prueba sino al desempeño de su cargo al llevar adelante la investigación”, señaló Moyano.
Para el jefe de fiscales, hubo “lesión a los derechos de la querellante particular” e “irregularidades e inobservancias técnico-procesales”.
El fiscal General resaltó que “si Rosa Sabena no hubiera emprendido el reclamo por la falta o deficiente investigación sobre la desaparición de su hijo, es muy probable que el Fiscal Guzmán hubiera mantenido la convicción que tenía, y que le manifestó textualmente al Fiscal Medina: ‘… que había agotado la pista relacionada a los Vargas… y que inclusive era posible que al joven lo hubiese asesinado el padre..”
Moyano también cuestionó que Guzmán le haya enviado a Rosa una carta documento para que no lo cuestionara públicamente. “El Fiscal Guzmán esgrimió esa razón -entre otras- como fundamento para apartarse de la investigación”.
Y subrayó: “Esta conducta, además de ser lesiva de los legítimos derechos del querellante particular, no se corresponde con el desempeño que debe esperarse de un Funcionario del Ministerio Público Fiscal, toda vez que está obligado a respetar la libertad de opinión de todo ciudadano -sea o no parte en el proceso-, y sólo debe expresarse en relación a las investigaciones que conduce, por las vías procesales corespondientes y adecuadas”.
El fiscal General resaltó que “evidentemente el maltrato que le daba el doctor Guzmán a Sabena también era advertido por sus superiores”.
Y sentenció: “En definitiva, las actitudes del Fiscal para con la denunciante Rosa Flores de Sabena, no se condicen con el desempeño que es exigible a un Funcionario del Ministerio Público Fiscal”.
Cabe recordar que, según la denunciante -Rosa Sabena-, Guzmán nunca atendió sus reclamos. Por el contrario, desde el inicio los menospreció. En tal sentido, Sabena relató que estuvo seis horas sentada en la unidad judicial, insistiendo en que le tomaran la denuncia, porque se negaban a hacerlo argumentando que se trataba de una desaparición voluntaria. Iniciadas las actuaciones y comenzada la búsqueda de Nicolás, el fiscal Guzmán seguía convencido de que se trataba de una desaparición voluntaria, y posteriormente comenzó a considerar otras hipótesis criminales, que llegaron a tener al padre de Nicolás como presunto autor de la desaparición, advirtió.
Avisos antes de allanar
Entre las irregularidades que se le reprochan a Guzmán en la acusación se suman los avisos a la familia Vargas previo a los allanamientos y rastrillajes: “La gravedad de esta conducta es inusitada”.
“Por más nobel o inexperto que sea un investigador, es una norma de práctica común, de lógica diaria y de experiencia de vida que si se practica un allanamiento en un lugar, se hace justamente para ingresar al domicilio por sorpresa, a fin de procurar el éxito de la búsqueda. Si le avisa al presunto sospechado o investigado es prácticamente imposible suponer que éste dejará las pruebas que lo incriminan al alcance de quienes realizará el allanamiento”, consideró Moyano.