ESCUCHARLa Cámara 10ª del Crimen de esta ciudad fijó para el próximo 6 de agosto la fecha en la que dará comienzo el primer juicio oral y público contra seis imputados acusados de cometer una serie de fraudes con inmuebles, mediante maniobras que concretaron vía el Registro General de la Provincia.
El proceso judicial involucra a Edgar Aguirre Pereira, Natalia Azucena Cerdá, Roque Achad, Victorio Barrera, Silvia Barrera y Daniel Cerdá, estos dos últimos ex empleados de la referida dependencia. Entre los delitos que se les endilaga se cuenta la supuesta falsificación de instrumento público y falsedad ideológica.
El tribunal estará integrado por los camaristas Rodolfo Cabanillas, Juan José Moresi y Oscar Iglesias, sobre quienes recayó la denominada “megacausa”, que hasta el momento cuenta con 163 imputados y una veintena de detenidos. En colaboración con Pablo Sironi -fiscal de la Cámara 10ª- actuarán otros dos funcionarios del Ministerio Público que intervinieron en la etapa de instrucción: Alejandro Moyano y Enrique Gavier.
Los seis acusados deberán responder por tres hechos cometidos entre los años 2004 y 2005, cuyas maniobras fradulentas tuvieron como propósito apropiarse de un terreno de 600 metros ubicado en Villa Carlos Paz; un campo de 3.000 hectáreas sito en el departamento Sobremonte, y un departamento de esta capital.
Damnificados
Si bien la causa del Registro es una investigación que se inició años atrás por denuncias que realizó el Ministerio de Economía de la Provincia, recién cobró trascendencia pública en abril del corriente año cuando la fiscal Patricia Oscariz allanó dicho organismo, lo cerró durante varias semanas y detuvo a varios empleados. Actualmente, esta megacausa está en manos del fiscal de Instrucción del Distrito 1, Turno 5, Alejandro Moyano, luego de que Oscariz se apartara de la investigación por problemas de salud.
Hasta el momento no se ha podido fijar con exactitud la cantidad de damnificados y el monto total de las estafas, pero sí se ha determinado que son alrededor de mil los inmuebles involucrados en las maniobras ilegales. Entre los acusados se encuentran escribanos, tramitadores y empleados, imputados por delitos como supresión de documento público, sustitución por falsificación, estafa, usurpación, falsificación de instrumento público, falsedad ideológica, fraude a la Administración Pública, etc.
