Se reunirá con los gobernadores en Casa Rosada. En el Frente de Todos afirman que el presidente del Máximo Tribunal se arrogó facultades del Poder Legislativo y del Ejecutivo
Alberto Fernández se reunirá este martes en la Casa Rosada con los gobernadores oficialistas para impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti.
Una de las variantes que analiza el Presidente es la conformación de una comisión redactora del juicio político contra éste, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda: sumar a los mandatarios provinciales a la confección de un texto definitivo que deberá ser presentado en el Congreso.
El pasado domingo por la mañana, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernández anunció la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la CSJN, a raíz del conflicto suscitado por el fallo de ésta relativo a la coparticipación federal de impuestos que benefició a la ciudad de Buenos Aires y la filtración de chats de origen de ilegal -entre ellos, un presunto intercambio entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte-.
Fernández recibirá en principio a los mismos gobernadores que asistieron a la reunión del jueves 22 de diciembre, junto a quienes inicialmente decidió considerar de imposible cumplimiento el fallo del Máximo Tribunal.
Consultada al respecto, la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, quien preside la Comisión de Juicio Político, sostuvo que la decisión del Presidente “es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar” el posible mal desempeño de los magistrados y que “el bloque del FdT tiene mayoría” en la comisión para tramitar “la apertura del sumario”. «La investigación dura 60 días», dijo, plazo en el cual «se puede llamar a los acusados y testigos para que comparezcan».
De todas formas, el Gobierno no cuenta con los dos tercios de los votos en el recinto para que la discusión pase al Senado.
”Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y del Consejo de la Magistratura”, afirmó Gaillard.
Apoyo
A su turno, el ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que hay un «relación promiscua» entre la Corte y el Gobierno porteño y que el tema «no es ninguna novedad». Aseguró que los hechos de los últimos días dejaron al descubierto que «la Justicia en nuestro país no es ni independiente ni imparcial».
El funcionario sostuvo que «la connivencia entre Juntos por el Cambio (JxC), la Corte Suprema, sectores de la Justicia federal y grandes medios de comunicación lamentablemente no es ninguna novedad».
Añadió que «la reciente filtración de chats y conversaciones que comprueban la relación promiscua entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad es el corolario de un proceso de degradación del Poder Judicial nunca antes visto en nuestra historia democrática».
Rechazo
Conocida la novedad, JxC rechazó el pedido de juicio político y lo consideró una «maniobra desesperada del Gobierno y del kirchnerismo«.
Mediante un comunicado de prensa, la oposición aseguró que «durante los últimos 7 años, JxC se ha consolidado como una coalición de miradas diversas, de unión en la diversidad, de defensa de las instituciones frente a los constantes embates del Gobierno», y que el pedido es una «pretensión trasnochada del Presidente de la Nación y el kirchnerismo». «Es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado», se afirmó en el documento, sin firmas.
«Así como no pudieron con la reforma judicial, la Procuración General y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez tampoco podrán», previó.
