ESCUCHARFamiliares de víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) pidieron prisión perpetua para Carlos Telleldín y sostuvieron que éste actuó por odio racial, en el alegato final del juicio por el ataque terrorista que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994. «El objetivo era matar a personas de la comunidad judía a quienes los autores intelectuales despreciaban», advirtió el abogado Horacio Etcheverry, por la querella unificada de los familiares de víctimas, en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 3.
Los querellantes, encabezados por Jorge Degtiar, reclamaron que se condene a Telleldín, único acusado, a prisión perpetua como partícipe necesario de «homicidio doloso doblemente calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido por medio idóneo para causar peligro común», diferenciándose así de la querella AMIA-DAIA, que la semana pasada reclamó 20 años de cárcel por «estrago doloso seguido de muertes» para quien fue el último poseedor de la camioneta Trafic usada como cochebomba, por entender que supo que éste tenía el fin de cometer un delito grave pero pudo ignorar que se trataba del atentado.
El abogado advirtió de que se llegó a un segundo juicio 26 años después del atentado sin saber cuál fue la Trafic que se ensambló con el motor hallado entre los escombros del ataque ni a quién se entregó, y con una «ínfima» parte esclarecida.
«Queda mucho por investigar y esclarecer», reclamó, y mencionó a los familiares que «continúan y continuaron bregando por el castigo a los culpables» del ataque -que mató a 85 personas e hirió a por lo menos 151-.»Pasaron 26 años y seguimos reclamando justicia», concluyó Etcheverry.
Sobre Telleldín, sostuvo que «conocía que el vehículo Renault Trafic sería utilizado para un atentado», cuando el 10 de julio de 1994 lo entregó acondicionado para soportar gran cantidad de peso.
El abogado dijo al tribunal que el entonces reducidor de autos creó «una ficción» para «encubrir la entrega y establecer una coartada exculpatoria».
El rol de Telleldín fue «imprescindible» y a sabiendas «antes y después» de lo que ocurriría y por eso «pergeñó un montaje para encubrirse», argumentó en una nueva audiencia del juicio, por videoconferencia.
Los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero escucharán el miércoles próximo el alegato de la fiscalía, representada por Roberto Salum, Santiago Eyherabide y Santiago Roldán.
El debate oral en este segundo juicio se inició el 18 de mayo de 2019, quedó interrumpido por la pandemia de coronavirus y se retomó de manera virtual en junio último.
En marzo de 2019, Telleldín fue condenado a tres años y seis meses de prisión en otro juicio por los delitos cometidos durante la investigación del ataque terrorista.
Si ese fallo queda firme, tendrá que devolver al Estado Nacional los 400 mil dólares que cobró tras un pacto hecho con el destituido primer juez del caso AMIA, Juan José Galeano, a cambio de declarar que entregó la camioneta Trafic a un grupo de policías bonaerenses quienes fueron acusados junto con él.
Todos pasaron una década presos como miembros de una presunta conexión local del atentado, hasta que quedaron absueltos en 2004 en un primer juicio oral, también a cargo del TOF3 pero con otros integrantes: Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.
Luego de la anulación de toda la causa en el primer juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó, en 2009, retomar la pesquisa, que entendió válida hasta el momento del pago ilegal a Telleldín (quien se recibió de abogado en la cárcel).
La pesquisa quedó a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien declaró los delitos como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, y firmó el envío por segunda vez a juicio oral de Telleldín, acusado en su rol de partícipe necesario y entregador de la Trafic.
Según la acusación, ese vehículo, cargado con entre 300 y 400 kilos de explosivos, fue dejado en una playa de estacionamiento lindante con la mutual, hasta que en la mañana del 18 de julio de 1994 se la hizo explotar.
Luego de la jubilación de Canicoba Corral, la jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó, este año, al frente de la causa AMIA.
