ESCUCHARLa familia Pérez Volpin pidió a la Justicia que se cite a prestar declaración indagatoria a las autoridades del Sanatorio La Trinidad, de la Capital Federal, en la causa que se investiga la presunta adulteración de pruebas para encubrir el real motivo de la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin en 2018 cuando le practicaban una videoendoscopía abdominal alta.
Se trata de una causa derivada del expediente que terminó con la condena por «homicidio culposo» al endoscopista Diego Bialolenkier y la absolución de la anestesista Nélida Inés Puente, en un juicio oral y público que dispuso investigar penalmente a las autoridades del mencionado sanatoria, perteneciente al grupo Galeno, por presunto «encubrimiento».
En ese marco y en su condición de querellante, la familia de la periodista pidió que se cite a prestar declaración indagatoria a Eduardo Cavallo y Roberto Martingano, directivos del sanatorio; al médico Sebastián Alfredo Cecchi Gallo; a la instrumentadora quirúrgica Miriam Eliana Frías; y a la jefa de servicios, Claudia Esther Balceda.
El foco de esta investigación apunta, entre otros aspectos, a la presunta adulteración de una prueba vital para determinar el motivo de la muerte de Pérez Volpin durante un estudio de baja complejidad como es una videoendoscopía alta abdominal.
La investigación apunta al endoscopio que se utilizó en el estudio que, según se sospecha, no sería el mismo que fue entregado a la Justicia y tomado como prueba en la pesquisa para determinar qué fue lo que llevó a la muerte de la también legisladora de la ciudad de Buenos Aires durante la práctica el 6 de febrero de 2018.
«Existen pruebas suficientes que acreditan que el número de serie del equipo marca Fujinon EVE 200 EPX 20, aquél que las autoridades y personal del Sanatorio La Trinidad Palermo entregaron a la Justicia –en el marco de un allanamiento llevado a cabo tres días después del fallecimiento de Débora Pérez Volpin- y aseguraron que fue el utilizado en el procedimiento endoscópico, fue intencionalmente erradicado», argumentaron los abogados Diego Pirota y Deborah Lichtmann en la presentación de este jueves.
Además, reclamaron a la Justicia que intime a la Anmat para que, «de manera inmediata conteste el oficio librado en estos actuados, ello bajo apercibimiento de imponer las sanciones que correspondan».
Lo que se le cuestiona a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es que aún no haya puesto a disposición de la Justicia en el marco de este expediente la trazabilidad del equipo endoscópico, es decir el recorrido que realizó desde su ingreso al país, por tratarse de un producto importado.
Este expediente, que procura determinar si existe una responsabilidad penal por parte de las autoridades del Sanatorio La Trinidad y de algunos profesionales se encuentra en manos de la jueza María Fabiana Galletti, recientemente designada al frente del Juzgado Criminal y Correccional 57, el mismo en el que, subrogado por el juez Carlos Bruniard, se desarrolló la investigación de la muerte de Pérez Volpin.
