Extradición parcial de ex miembro de las FARC inicia su derrotero judicial

Se trata de Facundo Molares Schoenfeld, hijo de un ex juez de Paz de la localidad de Trevelin (Chubut). La justicia colombiana le enrostra una larga lista de delitos; entre ellos, homicidio y secuestro extorsivo agravados; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido y terrorismo

En Chubut, el juez Federal de Esquel, Guido Otranto, declaró parcialmente procedente la extradición del ex integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Facundo Molares Schoenfeld, detenido en el penal de Ezeiza.

La justicia colombiana reclamó su extradición -hijo del ex juez de Paz de la localidad de Trevelin, Hugo Molares- a fin de juzgarlo por homicidio y secuestro extorsivo agravados; hurto calificado; rebelión; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las fuerzas armadas y terrorismo, entre otros delitos.

Sin embargo, en línea con la postura de los representantes del Ministerio Público Fiscal, Otranto declaró procedente la extradición sólo con relación a los delitos de homicidio y secuestro extorsivo agravado y hurto calificado. La rechazó por el resto de los ilícitos, por tratarse, según expuso, de delitos políticos y conexos.

Paralelamente, le solicitó al Gobierno nacional que, por medio de la Cancillería, le requiera a Colombia que garantice las condiciones de detención de Molares Schoenfeld y que preserve su vida; ello así, porque su defensa aseguró que podría ser asesinado.

Los abogados del encausado anunciaron que apelarán el decisorio, por lo que se espera que el caso llegue a la Corte y se inicie un derrotero judicial.

“El Argentino”

Si bien se crió en Trevelin, Molares Schoenfeld nació en la provincia de Buenos Aires. Luego de estudiar el secundario en Esquel, se fue de la zona.

Se unió a las FARC en 2002, en la columna “Teófilo Forero”. Tenía el apodo de “El Argentino” y también un pseudónimo: Camilo Fierro.

Fue uno de los responsables de reactivar el llamado Partido Clandestino PC-3, en el sur del país, y se lo sindica como promotor de la infiltración de la guerrilla en universidades y en manifestaciones.

Estuvo en Colombia hasta 2017, cuando comenzó el proceso de paz entre las FARC y el gobierno.

Entre otros delitos, el encausado está acusado por el secuestro extorsivo del concejal José Armando Acuña Molina y por el crimen de cuatro integrantes de una patrulla policial.

Morales Schoenfeld, de 46 años, objetó aquellas gestiones al entender que no se iban a cumplir y que el gobierno de Colombia buscaba encarcelar y matar a los integrantes de aquéllas.

En 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, Molares Schoenfeld decidió pasar a la clandestinidad y siguió alentando la guerrilla hasta convertirse en “instructor”.

Pasó por Argentina y en 2019 estuvo en Bolivia.

En el marco de los sucesos que derivaron en el fin del gobierno de Evo Morales, que cubrió como fotoperiodista, recibió tres balazos en una manifestación. Estuvo internado en grave estado. Se recuperó, estuvo preso un año y en 2020, por las gestiones que encabezó su padre en el país vecino, fue repatriado a Argentina.

Tenía una orden internacional de detención pedida por el gobierno de Colombia. En noviembre del año pasado fue apresado en Chubut y se inició el proceso de extradición.

Normativa

El pedido de extradición fue librado en el marco del Tratado Interamericano de Extradición suscripto en Montevideo el 26 de diciembre de 1933 y el juicio se realizó acorde lo establecido por la ley 24767 (de Cooperación Internacional en Materia Penal).

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la normativa y los principios de subsidiariedad e interpretación, si existe un tratado entre el Estado requirente y Argentina, sus normas rigen el trámite de la ayuda. No obstante, las mandas de la ley sirven para interpretar el texto de los tratados y en todo lo que no dispongan en especial.

Si bien Argentina y Colombia suscribieron un tratado bilateral de extradición, no está vigente: fue aprobado mediante la ley 27021 y oportunamente ratificado, pero resta que Colombia dé ese paso.

Hoy se divulgarán los fundamentos del decisorio.

En el caso, se contó con la asistencia del titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General, Diego Solernó.