Extienden a la Municipalidad de Bell Ville condena por remís que no contaba con seguro

El tribunal concluyó que el municipio no controlaba periódicamente si los licenciatarios de transporte público cumplían con regularidad las disposiciones que les exigen contar con una póliza civil en vigencia

Al advertir que, en virtud de sus propias ordenanzas, la Municipalidad de Bell Ville estaba obligada a hacer uso del poder de policía para controlar que los remises cuenten con el seguro obligatoria vigente, lo cual -al no verificarse- configuró la falta de servicio que lo hizo responsable ante la accionante, la Cámara en lo Civil y Comercial de Bell Ville ordenó que el municipio responda por los daños que la accionante padeció en un accidente de tránsito cuya responsabilidad fue del vehículo del transporte público, cuya aseguradora no respondió por falta de pago.

El tribunal integrado por los vocales Damián Esteban Abad, autor del voto, y José María Gonella sostuvo que el transporte público de pasajeros es una cuestión muy sensible al interés general y que por ello el Estado pone especial atención y preocupación para su control, que debe ser estricto para proteger no solo a los usuarios del sistema, sino también para prevenir a la sociedad toda de las eventuales consecuencias dañinas en la prestación del servicio.

Condiciones

Se agregó que por ello la autoridad municipal reglamenta minuciosamente las condiciones de habilitación, registro, inspección y sanciones, que es lo que hizo el municipio demandado a través de las ordenanzas que disponen la obligación de llevar un registro donde conste “vigencia de póliza de seguro y pago si correspondiera de cuotas, que garantice como mínimo indemnización por muerte, lesiones y reparaciones de daños y perjuicios, a usuarios, terceros y a transportados”.

El tribunal indicó que la normativa requiere como requisito para los automotores afectados al servicio público que tengan una “cobertura de seguros que garantice como mínimo, indemnización por muerte, lesiones y reparaciones de daños y perjuicios a usuarios, terceros y transportados”, autorizando al municipio la inhabilitación inmediata de la licencia de permisionario cuando “no cuenten con póliza de seguro y recibo de pago de su cuota”.

Frente a ello, la cámara señaló que correspondía tratar el tema con la “doctrina de la falta de servicio” enmarcada en los deberes del Estado y la responsabilidad que se le imponía en el marco del por entonces vigente artículo 1112 del Código Civil.

Medios

El fallo observó que el municipio no acreditó haber dispuesto todos los medios para verificar que la prestación del servicio de remis no se proyectara, en caso de daños producidos por esos vehículos, en el desamparo de los ciudadanos frente a la insolvencia del agente provocador. Así, se precisó que controlaba que los vehículos de alquiler contaran con seguro vigente sólo, “pero defeccionaba en el control posterior cuando no exigía, o no verificaba, que las agencias cumplieran con su deber de acreditar ante el Departamento de Policía Municipal las respectivas pólizas de seguros y comprobantes de pago, mensual o total”.

En ese orden de ideas, los jueces sostuvieron que el municipio debió al menos controlar que las no más de dos o tres agencias de remises que existen le rindieran cuenta mensualmente de haber llevado a cabo esa verificación.

Según la alzada, las consideraciones precedentes demuestran la responsabilidad del municipio, toda vez que la dirección de Policía Municipal, al incurrir en las omisiones señaladas, “cumplió de manera defectuosa las funciones que le son propias y que atienden sustancialmente a controlar que el servicio de transporte público se preste en condiciones de seguridad e indemnidad no sólo a sus usuarios sino también al grueso de la población que a su tránsito se expone”.

Constatación

Para los camaristas, ello se manifiesta al no haberse controlado de manera directa que los remises que circulan en la ciudad cuenten con seguro vigente, o al menos de manera indirecta, “así pues la actividad del municipio aún se reduce a su mínima expresión, habiendo bastado -para luego acreditarlo en este juicio- con pedirle a éstas que mensualmente les acerquen el resultado del control de tales unidades para que el municipio pueda inmediatamente constatar la falta y proceder al secuestro de la unidad (art.28 de la ordenanza referida)”.

La cámara remarcó que el municipio debe encargarse de que las agencias habilitadas acrediten periódicamente que sus permisionarios cuenten con seguro vigente, por lo que, en definitiva, resolvió admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la actora y modificarla sólo en cuanto excluyó de responsabilidad a la Municipalidad de la ciudad de Bell Ville de la condena, haciendo lugar a la demanda también en su contra.