ESCUCHARSe analiza la situación del ex fiscal Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga. También de los abogados defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina y del secretario del fallecido juez federal Adolfo Zamboni Ledesma y el ex juez, Carlos Otero Álvarez.
Después del final de las audiencias de apelaciones por la causa contra los magistrados y funcionarios que ocuparon puestos de la Justicia federal cordobesa durante la última dictadura cívico-militar, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba decidirá este mediodía si hace lugar al pedido de prescripción de la investigación.
Se trata de la causa que investiga la supuesta complicidad de jueces, secretarios de juzgado, fiscales y defensores oficiales con los crímenes de la dictadura, en detrimento de detenidos que estaban bajo jurisdicción de la Justicia federal. En Tribunales federales consideran que es una causa emblemática, toda vez que otras investigaciones por las actuaciones de civiles en el terrorismo de Estado, sustanciadas en otras provincias, están virtualmente paralizadas.
Entre los imputados se encuentran los ex fiscales Alí Fuad Alí (apartado por mal estado de salud) y Antonio Cornejo, y el ex juez Miguel Puga. A ellos se sumaron los abogados defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina y el secretario del fallecido juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, Carlos Otero Álvarez.
Durante las audiencias de apelación, el fiscal Carlos Gonella acusó a estos funcionarios judiciales no sólo por omisión de su tarea funcional sino porque los consideró cómplices en algunos hechos, como en los asesinatos de 30 presos políticos ocurridos entre los meses de abril y octubre de 1976 en la Unidad Penitenciaria Número 1 (UP1) de barrio San Martín.
La intervención de Gonella en la audiencia tiene relación con su conocimiento riguroso de los hechos: fue el fiscal del juicio oral por los crímenes en la UP1, en 2010, y luego formuló las imputaciones a los ex magistrados, que se ventilaron en ese proceso, que tuvo entre los condenados a Jorge Rafael Videla.
Los pedidos
En las audiencias de apelación, Gonella compartió la acusación con Jorge Auat, quien tiene a su cargo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Ambos reemplazaron al fiscal local Facundo Trotta. La intervención de Gonella y Auat fue cuestionada por las defensas y rechazada por los fiscales, que citaron al respecto la Ley de Ministerio Público, que promueve la creación de equipos de trabajo frente a casos complejos, y la jurisprudencia en la materia.
Gonella y Auat solicitaron a los jueces que revoquen la “falta de mérito” dictada por el juez de primera instancia de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, a favor de Otero Álvarez, quien durante la dictadura fue secretario Penal del fallecido magistrado Zamboni Ledesma. Los fiscales también pidieron que se revea el sobreseimiento de Haro y Molina, y que se confirmen los procesamientos de Cornejo y Miguel Ángel Puga.
Ahora, los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos deberán resolver sobre los planteos de las partes y, en caso de salir favorable a la petición de la Fiscalía, el próximo paso procesal es que el juez Herrera Piedrabuena corra vistas al Ministerio Público para formular el pedido de elevación a juicio.
