Exigir nacionalidad argentina para ejercer la docencia no es discriminar

El decisorio fue dictado por mayoría y ratificó el rechazo de la acción de amparo que promovió una educadora extranjera y expuso que el requisito no violenta el principio de igualdad

Por mayoría, la Corte de Justicia de Salta confirmó el decisorio que rechazó la acción de amparo impulsada por una ciudadana extranjera en contra de la exigencia de la nacionalidad argentina para ejercer la docencia en esa provincia. [privado]

En el caso, la actora peticionó que se ordenara el cese del supuesto acto arbitrario e ilegal de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, por el cual se la excluyó del proceso de selección de postulantes para cubrir cargos vacantes o suplencias en las unidades educativas de gestión estatal.

La profesional solicitó también la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1, inciso “a”, del anexo de la resolución 1851/08 del Ministerio de Educación provincial; y 14 de la ley 6830, que disponen como requisito de admisibilidad para ingresar a la docencia ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

El a quo rechazó el planteo y señaló que la ley 6830 incluye a los extranjeros porque les otorga la posibilidad de realizar los trámites pertinentes para obtener la nacionalización.

Bajo esa premisa, indicó que ello demuestra que la norma “no afecta el límite de razonabilidad ni vulnera el principio de igualdad y no discriminación”.

Así, consideró que la amparista podría participar en la carrera docente en el ámbito público, de gestión estatal, en la medida que cumpla con todos los requisitos previstos; en el caso, obtener la nacionalidad argentina.

El alto tribunal salteño resaltó que la CSJN ha dicho que el artículo 16 de la Constitución Nacional, en cuanto declara que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, no excluye la facultad de la ley para establecer condiciones de admisibilidad distintas de la competencia de las personas siempre que no creen un privilegio.

Concluyó que las circunstancias del caso “descartan una situación de discriminación, lo que impide tener por acreditada la supuesta arbitrariedad de la conducta del demandado y la existencia de agravios de naturaleza constitucional”.

La causa llegó al alto tribunal salteño, que respaldó el criterio del juzgador de grado.

Advirtió de que la Constitución local establece en su artículo 29 que “todos los habitantes de la provincia son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad”, y que “la ley determina los casos en que se requiera la ciudadanía”.

En ese sentido, enfatizó que la Constitución delegó en el legislador la facultad de establecer aquellos supuestos en los cuales “la nacionalidad constituye un requisito adicional al de la idoneidad”.

También recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha dicho que el artículo 16 de la Constitución Nacional, en cuanto declara que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, “no excluye la facultad de la ley para establecer condiciones de admisibilidad distintas de la competencia de las personas, siempre que ellas, por su propia naturaleza, no creen un privilegio”.

En ese sentido, siguiendo el razonamiento del a quo, enfatizó que la circunstancia de que la norma impugnada prevea la posibilidad de acceder a la docencia en el ámbito público de los argentinos naturalizados “demuestra que no existe acto discriminatorio alguno” porque los extranjeros “cuentan con la opción de naturalizarse cumpliendo los mínimos requisitos requeridos a tales fines”.

“La exigencia de la nacionalidad argentina no resulta violatoria del principio de igualdad y no discriminación, lo que torna improcedentes los cuestionamientos efectuados”, añadió el voto mayoritario de la máxima instancia de Salta. [/privado]