Exfuncionarios de Chubut fueron condenados por “defraudación a la administración pública”

Una exministra, exsubsecretarios y otros exfuncionarios que integraron la tercera gestión del fallecido gobernador de Chubut, Mario Das Neves, fueron condenados a penas que llegan a los cuatro años y medio de prisión, tras ser hallados culpables de defraudación a la administración pública por haberse apropiado de fondos destinados a la cobertura social durante las inundaciones que afectaron a la localidad de Comodoro Rivadavia en 2017.
Así lo informó la oficina de prensa de la justicia chubutense al dar a conocer el fallo del tribunal integrado por los jueces Jorge Novarino, Fabio Monti y Miguel Caviglia, completada la audiencia de cesura tras el juicio oral y público que se le siguió a los imputados.
“Los exfuncionarios públicos fueron hallados culpables de diversos delitos con distintos grados de responsabilidad, en la llamada causa por la ’emergencia climática’ en la cual se probó que se armaron expedientes falsos para defraudar al Estado provincial, por un monto que asciende a los 75 millones de pesos actualizados”, indicaron fuentes judiciales de la provincia.
Durante el debate oral y público, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams lograron probar ante el tribunal que ex funcionarios armaban expedientes apócrifos en los que fraguaban compras que no existían o pagaban sobreprecios en complicidad con algunos comerciantes.
“En efecto, se armaban expedientes truchos y se fingían compras que no existían. Se sacaba ventaja de de la emergencia que se declaró en 2017 con miles de afectados por las inundaciones en Comodoro Rivadavia”, explicó a Télam el fiscal Rodríguez.
De quedar firme la condena, tres de los imputados en la causa “emergencia climática” deberán cumplir prisión efectiva, entre ellos Diego Correa, el titular de la llamada “Unidad Gobernador”, que en la práctica oficiaba de secretario privado de Das Neves.
Sobre este último, se resolvió “condenar a Diego Correa, a la pena de cuatro años y medio de prisión, por el delito de defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado (diecisiete hechos consumados y catorce tentados)”.
También fue condenado Diego Luthers a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua, culpable de defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado (diecisiete hechos consumados y catorce tentados) y también el subsecretario Marcelo Suarez, en este último caso a la pena de tres años y seis meses de prisión además de inhabilitación perpetua.
Otra exfuncionaria condenada fue la encargada del depósito del Ministerio de Familia, Gisela Barale, hallada culpable por “defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado doce hechos consumados y catorce tentados”.
La ministra del área de entonces, Leticia Huichaqueo, también fue condenada, en su caso a la pena de dos años de prisión condicional.
Además de los funcionarios fueron condenados la dueña de un comercio dedicado al rubro “blanquería” en la figura de partícipe necesaria de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (seis hechos consumados y uno tentado), a quien se le impuso la reparación de 2.200.000 pesos que deberá pagar.
Destino similar tuvo el propietario de una mueblería, condenado a la pena de dos años y ocho meses de carácter condicional, quien deberá pagar 6 millones en concepto de reparación.
El exdiputado Blas Mesa Evans (FdT), Blas Mesa Evans, uno de los denunciantes, recordó, en diálogo con Télam: “Nosotros recibimos un sobre con documentación sobre compras con sobreprecios, la analizamos y observamos que era claramente una maniobra irregular por lo que realizamos la pertinente denuncia tal como estamos obligados en nuestra condición de funcionarios públicos”.
Esta es la quinta causa con condena firme que la justicia dicta contra ex funcionarios y se espera el inicio en breve de otra causa más, vinculada a la presunta contratación irregular de empresas constructoras.