ESCUCHARLa Fiscalía solicitó la elevación a debate parcial de la causa, que investiga maniobras
delictivas para la obtención de beneficios previsionales. La primera etapa alcanza a 13 personas
a cargo de los trámites y a 20 beneficiarios
El fiscal general Daniel Adler, a cargo interinamente de la Fiscalía Federal Número 2 de Mar del Plata, solicitó la elevación a juicio parcial de la causa que investiga una asociación ilícita que tramitaba de manera irregular beneficios previsionales ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
A su turno, el juez federal Santiago Inchausti procesó a los integrantes de la SRL Organización Jurídico Previsional Roberto Balbuena, Luis Iros, Ruben Cagni y Luciano Diez Suárez, por la presunta defraudación al estado nacional por unos 90 millones de pesos.La elevación a debate se solicitó respecto de 13 de los supuestos integrantes de la asociación ilícita, entre quienes se encuentra también la contadora del estudio previsional, ex funcionarios públicos del Fisco y de la Comisión Médica, galenos y beneficiarios, por el trámite de 47 pensiones.
Sin embargo, según la pesquisa, la cantidad de miembros de la banda llegaría a 25 y el número de casos a 361. Ese tramo de la causa se encuentra a la espera de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Durante la instrucción se determinó que para alcanzar sus objetivos, la organización se valió de diversas maniobras, como alteración de registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip); tenencia de documentos nacionales de identidad; utilización de diversa documentación falsa, como certificaciones de servicios y recibos de sueldo y de sellos médicos; instalación de un consultorio no habilitado; extravío de expedientes administrativos; influencia sobre diversos funcionarios públicos mediante ofrecimientos económicos y dilatación intencionada de trámites previsionales.
A los acusados se les enrostra haber conformado e integrado una organización criminal de forma permanente y continuada, con roles específicos en cada caso, que se dedicaba a la gestión y tramitación de beneficios ilegítimos, los cuales, una vez otorgados, ocasionaron un perjuicio patrimonial para el Estado.
Según la acusación, el grupo se quedaba con el pago del retroactivo efectuado por Anses. Para alcanzar su cometido se valía principalmente de dos maniobras defraudatorias. Por un lado, se utilizaban empleadores falsos o sin actividad comercial activa para simular ilícitamente relaciones laborales con distintos empleados -que serían los beneficiarios y beneficiarias posteriores- con el objeto de fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización de forma extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sin realizar el pago de los aportes y las contribuciones obligatorias. La intervención de funcionarios de Afip y Anses permitía tener un acabado conocimiento de sus sistemas.
La segunda maniobra era utilizada en particular para los retiros por invalidez. En esos casos, se utilizaban certificados médicos, historias clínicas y dictámenes médicos en los que constaban diferentes patologías, sin poder corroborarse que las mismas fueran un fiel reflejo del real estado de salud de las personas investigadas. De esta manera, por vía administrativa y/o por vía judicial, se podía alcanzar el grado de incapacidad estipulado por ley a los fines de obtener un retiro por invalidez.
La acusación
A los acusados se les enrostra haber conformado e integrado una organización criminal de forma permanente y continuada, con roles específicos en cada caso, que se dedicaba a la gestión y tramitación de beneficios ilegítimos, los cuales, una vez otorgados, ocasionaron un perjuicio patrimonial para el Estado.
