Eutanasia: diputados radicales buscarán que se trate un proyecto legislativo

Hay dos iniciativas al respecto: la denominada Ley de Buena Muerte, impulsada por legisladores de Juntos por el Cambio el año pasado, y la llamada ley Alfonso, presentada por una representante del Frente de Todos en 2019. La propuesta de la oposición fue redactada por Jimena Latorre y Alfredo Cornejo

A la fecha, hay dos proyectos para legislar la eutanasia en el Congreso Nacional.

Se trata de las denominadas Ley Alfonso , propuesta por el Frente de Todos (FdT), y la impulsada por la UCR.

El primer articulado lo promovió la diputada nacional Gabriela Estévez, en 2019.

Le debe su nombre a Alfonso Oliva, un joven cordobés que falleció en 2019, a los 36 años, después de pasar sus últimos cinco años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Luego de recibir su diagnóstico, Alfonso se deterioró rápidamente y pidió un marco normativo hasta que murió.

La iniciativa habla del “derecho a la prestación para la ayuda para morir dignamente”. A diferencia de la Ley de Muerte Digna, que permite suspender un tratamiento, implica acciones activas: contempla la finalización intencional de la vida de un paciente por la actividad de un médico, bajo condiciones.

El segundo texto fue presentado por los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) Jimena Latorre y Alfredo Cornejo en noviembre del año pasado.

Meses antes, en junio de 2021, luego de la sanción de la Ley de Eutanasia en España, el pedido del jurista mendocino Daniel Ostropolsky, quien vive con ELA desde 2017, reavivó el debate en el país.

En ese momento, Ostropolsky volvió a plantear la necesidad de que la práctica se legisle en Argentina.

El ex consejero representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura de la Nación y doctor en leyes sostuvo: “Quiero morir a tiempo, no antes pero tampoco después”.

En una entrevista periodística, dijo: “No tengo idea de cuánto tiempo me queda, más bien imagino que la duración de mi vida no se mide en tiempo sino en calidad de vida. Y me gustaría que durase tanto como esa calidad de vida”.

En esa instancia, las capacidades de Ostropolsky se limitaban a acciones de higiene, vestimenta, alimentación y desplazamientos básicos.

Citando a Ulpiano, pidió que se le diera “a cada uno lo suyo”, entendiendo esto, según expresó, como “el ejercicio del derecho inalienable y personalísimo a la libertad para decidir, cuando llegue el momento, a terminar con una existencia tan atroz como innecesaria frente a una enfermedad irreversible e incurable” , argumentó.

Antes, en otra entrevista, había declarado: “De nada sirve que se mantenga inútilmente un estado de caquexia en que la vida ya no es tal, reducido al dolor permanente y sin esperanza alguna de alivio ni mejoría”.

En tanto, en una columna de opinión titulada “La ley que falta”, presentó el tema como un dilema que la sociedad deberá evaluar, a saber: dictar una norma para los pacientes que cumplan los requisitos o persistir en procrastinar “negándose hipócritamente a considerar, debatir y definir el tratamiento del tema” sin tomar en cuenta el sufrimiento de los que padecen “lo indecible y claman por liberarse”

Ostropolsky comparó el debate que se avecina con los de las leyes de divorcio y de matrimonio igualitario. “Más temprano que tarde las instituciones tendrán que hacerse cargo de las reformas que la sociedad reclama”, enfatizó.

“¿El ser viviente no humano tiene más derecho a la muerte digna que el humano que hace las leyes?”, se preguntó, y recordó que la sociedad ya concibe y aplica sin cuestionamientos éticos ponerle fin al sufrimiento de un animal.

Pocos después, Latorre y Cornejo presentaron su proyecto, que definieron como superador de la Ley de Muerte Digna , que consideraron “sumamente incompleta”.

Al respecto, Cornejo -ya senador electo- opinó que la normativa vigente “en muchos aspectos transforma la muerte digna en bastante indigna”. Sobre el articulado, indicó que regula el derecho de toda persona a “solicitar la ayuda necesaria para morir” cuando sufre “enfermedades graves e incurables, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”. Además, resaltó que los requisitos son muy específicos.

En la conferencia de prensa organizada para hacer el anuncio, en el Comité de la UCR en Mendoza, estuvo Ostropolsky.

Cornejo aludió a él durante su alocución. “La iniciativa política es nuestra, pero la iniciativa jurídica y también política es de un dirigente, militante de la UCR”, dijo.

La iniciativa crea una comisión de asistencia y análisis médico en cada provincia, que será la encargada de aprobar o no cada caso.

No contiene un listado de enfermedades según el cual se pueda aplicar la eutanasia: lo fundamental es que se trate de un padecimiento grave, irreversible, incurable y que implique un sufrimiento de tales magnitud, dolor y gravedad que sea incompatible con la dignidad humana.

La apreciación del cuadro será resorte de las comisiones provinciales, que además de galenos serán integradas por juristas y psicólogos.

El articulado establece que si un pedido es negado, el paciente podrá recurrir para que sea analizado por la comisión en pleno.

Latorre -por su parte- recordó que, como toda ley, estará sometida a la reglamentación del Ministerio de Salud, que establecerá los protocolos correspondientes.

Referentes

Ahora, Latorre anunció que al volver del receso invernal la bancada que integra buscará tratar en comisiones el proyecto que elaboró junto a Cornejo.

La legisladora adelantó que una vez reunida la comisión informativa convocarán a referentes y expertos para “nutrir argumentos en la construcción de un debate informado y serio”.

Sobre quienes se oponen a las leyes de eutanasia, afirmó que al usar términos como “suicidio asistido” o “instigación al suicidio” desinforman y les quitan a otros “el derecho a la dignidad humana”.

La radical aclaró que no se contactó con ningún representante religioso para hablar de la propuesta y que no lo hará. “En un país laico no se puede legislar con base en los pedidos de una religión en particular”, aclaró.

Marcos regulatorios

Cabe recordar que en Argentina hay dos marcos regulatorios que habilitan la toma de decisiones al final de la vida : la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, aprobada en 2009 y modificada en 2012 (Ley de Muerte Digna), que permite a toda persona opinar sobre el tratamiento que desea o no recibir; y las disposiciones del Código Civil vigente desde 2015, que en sus artículos 59 y 60 norma el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud y las directivas médicas anticipadas, respectivamente.

La legislación de 2012 permite a pacientes y familiares limitar los esfuerzos terapéuticos en los casos de una “enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal” pero no contempla la eutanasia ni el suicidio asistido.

España

La Ley de Eutanasia en España comenzó a regir a fines de junio del año pasado.

A mediados de diciembre de 2020, el Congreso de Diputados aprobó la normativa. En marzo de 2021, la iniciativa del Partido Socialista fue refrendada por el Senado y España se sumó a la lista que integran Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

Aunque se descontaba la aprobación, el camino hasta su sanción generó cruces y varias entidades de prestadores de salud manifestaron su rechazo a la normativa.

Los colegios de médicos, odontólogos y farmacéuticos de Madrid emitieron un comunicado en el cual adujeron que la legislación implicaba “un grave riesgo para la población” y que ponía en situación de “indefensión” a los profesionales sanitarios.

Concretamente, manifestaron que si en España hubiera un correcto desarrollo de los cuidados paliativos los pedidos de ayuda para morir serían “mínimos o nulos”.

Bajo esa premisa, afirmaron que había “ausencia de demanda social”.

El presidente de la entidad que nuclea a los galenos de la capital de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, precisó que cuando se hablaba de “indefensión” se refería a que aunque la ley establece que pueden objetar, muchos profesionales temen las consecuencias que su decisión pueda tener, ya que son comunes los contratos de trabajo semestrales.

Para él, aquella precariedad iba a “obligar” a muchos de sus colegas a “matar a sus pacientes”.

Martínez-Sellés cuestionó también que prevea que los fallecimientos de personas que pidan la práctica se cataloguen como muertes naturales.

También denunció que no se pudieron hacer asambleas presenciales ni debates y no concurrieron expertos al Congreso y aseguró que la población estaba “muy influida” por lo que definió como “los casos extremos que salen en los medios”, y que no sabe distinguir entre “los cuidados paliativos y la eutanasia como tal”.

Consenso

Pese a aquellas objeciones, la regulación de la eutanasia contó con amplio consenso social en España -en torno a 80 por ciento, según algunas encuestas-.

En los últimos años, el Legislativo había rechazado tratar la cuestión en cuatro ocasiones, pese a los reclamos de varios pacientes terminales que llegaron a los titulares.

El último caso mediático fue el de Ángel Hernández, incriminado por cooperación en el suicidio de su esposa, en abril de 2019, pese a que ella le dio su consentimiento y lo grabó en video. El pionero fue Ramón Sampedro, el tetraplégico gallego a quien le facilitaron la muerte en 1998, cuya historia de vida fue llevada al cine por Alejandro Amenábar en la película Mar adentro .