ESCUCHARLuis Angulo, ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba, habló sobre la necesidad de velar por los sectores más vulnerables y acercar la justicia a la gente. Reformar los códigos procesales y avanzar en la humanización de las cárceles, entre los desafíos.
Ésta es la revancha, es la segunda oportunidad para avanzar en lo que quedó trunco y enfrentar nuevos desafíos. Luis Angulo volvió al Ministerio de Justicia de la mano del gobernador Juan Schiaretti, quien volvió a confiar en él para ocupar el cargo de ministro.
La agenda de Angulo es extensa, sus reuniones son variadas. Desde que asumió ha visitado cada una de las instituciones que tiene a su cargo y respondido alos requerimiento de diferentes actores de la vida judicial. Ahora comienza la gestión y los verdaderos desafíos, que no son pocos. Quizás el más importante sea modernizar al Poder Judicial, meta que incluye la reforma de los códigos procesales -largamente soñada y trunca a lo largo de los años y de las diferentes gestiones que pasaron por el Ministerio de Justicia, incluida la de Angulo-.
En su oficina de calle Alvear, donde se asienta el Ministerio de Justicia de Córdoba, el funcionario de Schiaretti recibe a Comercio y Justicia.
– Ésta es su segunda gestión como ministro de Justicia. ¿Hacia dónde intentará avanzar en esta nueva etapa?
– Bueno, yo trato de que este ministerio tenga una mirada especial en favor de los sectores vulnerables, que creo son los que necesitan más de la protección del Estado. Hoy resulta impensado, frente a las necesidades que tiene la gente, que el Estado siga manejándose como un estamento separado; el ámbito del Ministerio de Justicia debe ser un espacio que ayude a la planificación y a la articulación para decidir políticas públicas tendientes a mejorar el servicio de justicia. Yo entiendo este ministerio como un ministerio de puertas abiertas, de acercamiento a las personas. En este sentido, es necesario avanzar en las reformas de los códigos procesales, continuar con la política de Unidad de Tierras, contribuir con la defensa de los derechos humanos, continuar con el proceso de humanización de las cárceles, y a esto se suma ahora la Senaf, que es un nuevo desafío que antes no estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
-¿Cómo avanzarán con las reformas de los códigos procesales, qué aspectos esperan modificar?
-Nosotros ya firmamos un convenio de cooperación recíproca con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y existe la posibilidad de que su ministerio aporte recursos técnicos e incluso económicos. Esto ya es un primer paso. En primer lugar, tenemos que avanzar con la reforma del Código Procesal Civil, que requiere de una adecuación respecto del nuevo Código; segundo, urge la necesidad de avanzar en la reforma del Código Procesal Penal porque también ha habido modificaciones en ese sentido. Por supuesto, también me interesaría trabajar en la reforma del Código Procesal Laboral.
-¿Y qué va a pasar con los proyectos de ley sobre los que han trabajo diferentes comisiones, por ejemplo, el Código Procesal Civil?
-Todo lo positivo se va a dejar, por supuesto habrá que analizarlo en el contexto de una reforma integral. Mi intención es avanzar sobre algo que no sea más de lo mismo y poder hacer un salto cualitativo. Hay que profundizar la idea sobre la mayor oralidad, es urgente trabajar sobre nuevas herramientas de gestión llegando al ideal que sería el expediente digital y trabajar en romper la cultura de litigiosidad que tenemos sobre todo los viejos abogados; hay que avanzar en nuevas formas de resolución de conflictos y profundizar la mediación. No podemos seguir con este sistema antiguo de expedientes, en el cual las formas tienen muchas veces más importancia que la sustancia. De lo que se trata es de resolver un conflicto concreto que solucione las necesidades reales de la gente.
Otro gran desafío es abandonar la cuestión incidentista. Le doy un ejemplo: los fiscales hoy disponen el procesamiento con la detención de la persona y es tal la cantidad de incidentes que se pueden plantear que puede demorar entre un año y un año y medio hasta llegar a la Cámara de Acusación. Para terminar con esto es necesario avanzar en la desformalización y la despapelización. Después viene el tema de la oralidad para todo el proceso; Córdoba ha sido pionera en la oralidad, todo eso era muy lindo pero se quedó atrás, todo lo que era el principio de indubio pro reo en la práctica tampoco se cumple: 50% de las personas privadas de la libertad están procesadas.
-Mucho se dice sobre la gran litigiosidad pero ¿qué ocurre con el acceso a la justicia? ¿Están pensando en avanzar hacia la descentralización del Poder Judicial?
– Nosotros pensamos en línea con lo que ha venido sosteniendo Ricardo Lorenzetti: que las instituciones y la justicia deben estar cerca de los justiciables. Sin perjuicio de reconocer los logros de la Justicia de Córdoba, es necesario garantizar el acceso a la justicia, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto es muy concreto, para quienes viven en los barrios del interior de nuestra capital tener que venir al centro y entrar a la solemnidad de Tribunales obstaculiza el acceso a la justicia. Por eso plantemos la necesidad de que el acceso a la justicia sea igualitario. La descentralización es fundamental, volver a las Casas de Justicia es parte de nuestros objetivos y también esperamos que en el ámbito del Poder Judicial puedan avanzar con la creación de tribunales que estén más cerca de las personas y que la gente no tenga que venir hasta el Palacio de Tribunales. Las instituciones deben ir a las personas para que las soluciones sean más ágiles y los magistrados estén más cerca del conflicto a nivel territorial.
