ESCUCHAREn pleno proceso de vacunación en contra del coronavirus en todo el mundo, surgen dudas sobre la situación de las personas que no tienen capacidad para decidir si se aplican o no el fármaco.
En España, la Justicia debió intervenir en un caso y ordenó que una anciana que presenta un grave deterioro cognitivo sea vacunada, a pesar de la negativa de su hija.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, Galicia, por la solicitud del geriátrico en el que reside la mujer, de 84 años.
A su turno, la hija de la mujer se quejó por lo que definió como “la carga de responsabilidad que conlleva la obligación de tener que decidir por otra persona acerca de su salud, vida y bienestar”.
También citó el temor que le infunden los “potenciales efectos indeseados” de la vacuna.
El sentenciante aceptó el planteo de la institución en donde reside la paciente. “Siendo cierto que el propio hecho de la vacunación supone un riesgo y hasta una batería de ellos -efectos secundarios, su eventual relevancia en pacientes de avanzada edad, salud deteriorada o aquejados por diversas patologías, posibles reacciones insospechadas o todavía no suficientemente estudiadas por su carácter novedoso- resulta apodíctico que, el omitirla, también los conlleva”, sostuvo.
Explicó además que los peligros se incrementan “a medida que la administración de la vacuna se demora y el número de contagios aumenta, porque, en la misma progresión, es previsible que lo haga la posibilidad de contraer la enfermedad”.
Así, tras analizar un informe médico forense que se apoyó en documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señalan que “las vacunas son seguras”, el juzgador concluyó que tanto vacunarse como no hacerlo implica riesgos y que “no caben opiniones intermedias”
