jueves 21, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

España: naufragó la querella que intentó el presidente contra el juez que investiga a su mujer

Pedro Sánchez. La resistencia al planteo a la cartera de Trabajo del presidente del Gobierno lleva 11 meses.
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En España, por unanimidad, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó estudiar la querella por supuesto prevaricato que presentó la Abogacía del Estado, en representación del presidente Pedro Sánchez, en contra del juez Juan Carlos Peinado, que instruye la pesquisa sobre Begoña Gómez, su esposa.

El TSJM no halló motivos para abrir una investigación para comprobar si el magistrado prevaricó al citar Sánchez a declarar, en julio pasado, aunque la ley lo habilita a hacerlo por escrito.

Abogacía del Estado
El tribunal fustigó el planteo de la Abogacía del Estado. “Concebir como un ataque innecesario a la actuación del Gobierno la citación en calidad de testigo de su presidente en una causa penal carece de la más elemental justificación”, enfatizó.

Además, consideró “extravagante” que Sánchez utilice a la Abogacía para intentar querellar.

En su voto, uno de los magistrados del TSJM, Jesús María Santos, dijo que la querella entrañó un “ejercicio abusivo del derecho” y habló de mala fe procesal, por la “sinrazón” de la presentación y su “carácter exorbitante”.

El TSJM tiene pendiente pronunciarse sobre la admisión de la querella que interpuso Gómez en contra de Peinado, por el mismo delito que le adjudicó su marido.

Testigo
Cabe recordar que la semana pasada, una testigo complicó a Gómez.

Se trata de la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsóles Gil de Antuñano, quien declaró ante Peinado que contrató a la mujer como directora del África Center dos meses después de que el dirigente del PSOE fuera investido, tras prosperar la moción de censura a Mariano Rajoy, el 1 de junio de 2018.

La testigo confirmó que la incorporación de Gómez se firmó el 1 de agosto de aquel año, en virtud de “instrucciones” de parte de Juan José Güemes, directivo del IE, y aseguró que no tuvo una “relación personal” con la investigada.

Añadió que no le consta si Gómez superó algún tipo de proceso de selección y que no conocía el currículum de la esposa de Sánchez, por lo que tampoco sabía si tenía titulación como licenciada.

La Fiscalía se abstuvo nuevamente de preguntar, por lo que Gil de Antuñano respondió solo las cuestiones que plantearon Peinado y las acusaciones populares, unificadas por la representación del partido político Vox.

Al finalizar la comparecencia, el magistrado le reclamó al IE que le entregue una copia de la cifra que Gómez percibía como directora del África Center. Se estima que la remuneración de la esposa de Sánchez era de 55.000 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas.

La declaración de la responsable de Recursos Humanos del IE es la primera que se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avaló la instrucción dirigida por Peinado, aunque acotada a “los hechos, actos, comportamientos y conductas llevadas a cabo, derivadas de la relación existente entre la investigada y el empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul”.

Cabe recordar que el 29 de julio, el presidente del IE, Diego del Alcázar, testificó que contrató a Gómez “por su currículum” y que, por eso, Peinado le pidió a IE el contrato firmado con la esposa del presidente del Gobierno. El instituto se negó citando “razones de privacidad y protección de datos personales”.

En la denuncia inicial que dio origen al procedimiento, el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias – conocido como Manos Limpias, el un sindicato​​ español fundado en 1995 como organización de representación de empleados de la función pública- indicó que Air Europa “pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada” y que el acuerdo entre Globalia y el IE incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la investigada y su equipo.

Gómez abandonó la dirección del África Center en 2022.

El proyecto, creado por el Instituto de Empresa para impulsar la innovación en África, está en el foco del Judicial español por los posibles vínculos que desarrolló con empresas de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, y de Barrabés, pieza clave en la investigación.

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