España: más ex miembros de ETA accedieron al régimen de semilibertad

Ochenta y cuatro condenados de la organización terrorista disuelta en 2018 cumplen condena en el País Vasco. Ocho fueron beneficiados recientemente. Las asociaciones de víctimas reclaman que el Ministerio Público Fiscal recurra

El pasado 28 de febrero, el presidente del gobierno vasco, Iñigo Urkullu, les concedió la semilibertad a ocho miembros de la organización terrorista ETA -entre ellos, al ex jefe José María Arregi Erostarbe, “Fiti”, quien formó parte de la dirección de ETA detenida en la localidad francesa de Bidart, en 1992-.

Lo hizo en virtud de la transferencia de competencias penitenciarias que dispuso en 2021 el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo vasco gestiona cárceles desde octubre del año pasado y desde entonces autorizó el denominado “cambio de grado” de unos 150 presos.

La última promoción incluye a condenados que integraron ETA. No obstante, el nacionalista Urkullu, quien ya había adelantado que se trabajaría en una política de reinserción de los reclusos, decidió mantener a 26 en segundo grado y, con ello, fuera del régimen de semilibertad, reservado para el tercero.

Erostarbe ingresó en prisión el 20 de noviembre de 2000 y fue condenado a 30 años de cárcel por delitos de terrorismo y varios homicidios.

Fue trasladado de la cárcel de Alicante a la de Asturias y luego a la de San Sebastián.

Cumplió tres cuartas partes de la sanción en junio de 2019 y aceptó la legalidad penitenciaria.

Por escrito, el hombre, de 75 años, manifestó su arrepentimiento por sus crímenes y se comprometió a responder civilmente ante las víctimas y sus familias.

En la actualidad, 84 condenados de la organización terrorista, disuelta en 2018, cumplen condena en el País Vasco. Los ocho con penas menos gravosas pasarán a semilibertad aunque todos ya expresaron su arrepentimiento mediante cartas individuales.

Según publicó el diario El País, la fiscalía estudiará cada caso antes de decidir si recurre ante la Audiencia Nacional, tal como reclaman asociaciones de víctimas.

Por lo pronto, el gobierno vasco defiende la legalidad de la medida y recalca que fueron los profesionales penitenciarios quienes propusieron el régimen abierto.

Condicional

En la actualidad, en las cárceles de Basauri (Bizkaia), Martutene (Gipuzkoa) y Zaballa (Álava) hay 75 presos de ETA. Otros nueve están en libertad condicional.

En tanto, enmarcado en el plan del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tendiente a acabar con la dispersión de presos de ETA, serán trasladados al País Vasco otros seis internos.

De las 75 personas alojadas en establecimientos vascos, 14 ya disfrutaban del régimen abierto per dormían tras las rejas de lunes a jueves.

Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) le pidieron a la fiscalía que apele las semilibertades de “Fiti”; Egoitz Coto; Joseba Lerín; Iñaki Garcés; Unai Fano; Ugaitz Pérez; Mikel Arrieta y Francisco Ramada.

No obstante, en un comunicado, Covite admitió que en en el caso de Fiti la semilibertad podría estar justificada por su avanzada edad.

La concesión del tercer grado o semilibertad es una decisión de la administración penitenciaria sometida al control judicial.

Desde que el Gobierno de Sánchez anunció un cambio en la política penitenciaria relativa a los presos de ETA, el Ministerio del Interior español le concedió el régimen abierto a 27 condenados. En tres casos, la Justicia revocó la decisión y hay dos expedientes bajo estudio de la Audiencia Nacional.

Posibles delitos

Desde hace varios años, las víctimas de ETA exploran estrategias para frenar los homenajes a los miembros del grupo terrorista que salen de prisión.

En marzo de 2020, la AVT planteó ante el Ministerio del Interior que era necesario poner en marcha una reforma legal que sancione a los ayuntamientos que permitan eventos de bienvenida a personas que cometieron atentados que costaron vidas y que, según alega, son recibidas como “héroes”.

Jueces y fiscales rechazan que existan delitos como enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.

“No existe apología en el mero hecho de que los asistentes se congratularan de la excarcelación de una persona próxima a ellos por razones de parentesco, amistad o vecindad”, escribió la Sala de lo Penal en octubre de 2019, al archivar la denuncia por el homenaje en Rentería, Gipuzkoa, a Kepa Etxebarria.

En el mismo sentido se pronunció el Ministerio Público al cerrar otro caso. Expuso: “Los hechos se limitan al recibimiento en vía pública con banderas y bengalas, entrega de ramo de flores; es decir, ninguna frase enaltecedora o humillante”.